Relaciones laborales saludables en las instituciones gubernamentales.
Maestra Adriana Bujdud Nassar
Consejera de Imagen
Las relaciones laborales saludables pueden entenderse como el conjunto de interacciones, prácticas y condiciones organizacionales que favorecen el respeto a la dignidad humana, la comunicación efectiva, la colaboración y la resolución constructiva de los conflictos. Su propósito es generar ambientes donde las personas puedan desempeñar sus funciones con claridad, seguridad y sentido de responsabilidad.
En las instituciones gubernamentales, estas relaciones se desarrollan dentro de estructuras jerárquicas y marcos normativos que establecen atribuciones, responsabilidades y niveles de autoridad. Sin embargo, la existencia de una jerarquía no debe confundirse con la legitimidad de cualquier forma de ejercer el poder. La autoridad institucional debe sustentarse en la legalidad, la imparcialidad, la congruencia y el respeto a las personas.
Una institución puede contar con reglamentos, manuales y procedimientos técnicamente adecuados y, aun así, enfrentar dificultades cuando prevalecen la comunicación deficiente, el favoritismo, la distribución inequitativa del trabajo o la falta de reconocimiento. Estos factores deterioran la confianza, debilitan la colaboración y pueden repercutir en el desempeño colectivo.
Por ello, las relaciones laborales no deben considerarse un asunto secundario ni una responsabilidad exclusiva de las áreas de recursos humanos. Constituyen una dimensión estratégica de la administración pública que involucra a las autoridades, las jefaturas y cada persona que forma parte de la organización. Uno de los factores que más influyen en la calidad de las relaciones laborales es el liderazgo. La manera en que una persona dirige, comunica instrucciones, distribuye responsabilidades y responde ante los errores contribuye a definir el ambiente de trabajo de toda un área.
Un liderazgo saludable y ético no significa renunciar a la disciplina, evitar la exigencia o permitir el incumplimiento de las obligaciones. Por el contrario, implica establecer expectativas claras, supervisar resultados y corregir deficiencias mediante criterios objetivos, procedimientos justos y un trato profesional.
Las jefaturas tienen la responsabilidad de evitar prácticas como la humillación pública, las amenazas, los favoritismos y las descalificaciones personales. Asimismo, deben favorecer la escucha activa, proporcionar retroalimentación constructiva y distribuir las cargas de trabajo considerando las funciones, las capacidades y las necesidades del servicio.
Una comunicación institucional adecuada requiere claridad en los mensajes, oportunidad en la información y disposición para escuchar las inquietudes del personal. También implica establecer canales formales para dar seguimiento a los acuerdos y aclarar responsabilidades.
A ello se suma la equidad. En una institución pública, la asignación de tareas, las oportunidades de capacitación y los mecanismos de reconocimiento deben responder a criterios transparentes y verificables, no a afinidades personales o intereses particulares. La percepción de injusticia puede debilitar el sentido de pertenencia incluso cuando las personas mantienen formalmente sus obligaciones. También es importante que las personas conozcan sus derechos, sus obligaciones y las instancias a las que pueden acudir.
En México, la prevención de los factores de riesgo psicosocial constituye un referente relevante para la gestión del entorno laboral. La NOM-035-STPS-2018 establece disposiciones orientadas a identificar, analizar y prevenir dichos factores, así como a promover entornos organizacionales favorables, dentro de su ámbito de aplicación. Por su parte, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo aborda la prevención y eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
La aplicación de estas referencias debe acompañarse de la revisión de las normas específicas que correspondan a cada institución y régimen de empleo público.
El bienestar laboral tampoco puede reducirse a actividades recreativas o mensajes motivacionales. Requiere atender cuestiones concretas: cargas de trabajo razonables, funciones claramente definidas, recursos suficientes, reconocimiento profesional, oportunidades de desarrollo y condiciones que permitan desempeñar las responsabilidades sin normalizar el desgaste permanente.
Una de las razones más importantes para fortalecer las relaciones laborales saludables es su relación con la atención a la ciudadanía. La coordinación interna, la claridad de las responsabilidades y la disposición para resolver problemas influyen en la continuidad y oportunidad de los servicios gubernamentales.
Por ello, las instituciones deben evaluar periódicamente el clima laboral, la percepción de equidad, la calidad de la comunicación, la confianza en las jefaturas y direcciones, y la oportunidad con que se atienden los conflictos. Los resultados pueden orientar programas de capacitación, ajustes en la distribución del trabajo y acciones de mejora continua.
Una administración pública comprometida con la ciudadanía debe comenzar por fortalecer las relaciones humanas que hacen posible su funcionamiento. Cuidar a las personas que sirven a la sociedad es también una manera de cuidar la calidad, la integridad y la legitimidad de las instituciones.
