Dr. Ricardo Monreal A.
Forjando un Parlamento abierto
En la actualidad, para el óptimo funcionamiento del gobierno de un país, la participación ciudadana se ha vuelto indispensable; los retos, producto de la compleja configuración de las sociedades contemporáneas exigen una intervención activa de los gobernados en la elaboración de las políticas públicas, con el fin de potencializar los procesos de toma de decisión.
El antiguo paradigma que marcaba una relación lineal y pasiva entre el ala administrativa del Estado y los gobernados ha sido superado para dar paso a la intervención activa de los diferentes sectores de la sociedad en los asuntos públicos.
La inclusión y la promoción de la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas son ingredientes imprescindibles de las democracias contemporáneas; México no puede abstraerse de estas tendencias globales y, por tanto, no se deben escatimar los esfuerzos desde el ámbito gubernamental para dar atención a los legítimos reclamos de apertura, transparencia y rendición de cuentas; elementos indisociables de una auténtica participación ciudadana.
Por otra parte, es claro que tales demandas no se circunscriben solamente a las esferas de competencia propias del Poder Ejecutivo federal, pues se hacen extensivas de manera tácita hacia una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano: El Poder Legislativo, el cual está obligado a dar apertura a la participación activa de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones.
El Senado de la República entiende la necesidad de promover un trabajo legislativo transparente, abierto al escrutinio público, en el cual los legisladores eviten el aislamiento y las especulaciones que alimentan las cortinas de humo. La compleja realidad social y los grandes problemas nacionales exigen un diálogo amplio con académicos, expertos, integrantes de grupos de la sociedad civil, así como de organizaciones no gubernamentales.
En este sentido, el Parlamento abierto se ubica entre los ejes de la transparencia y del acceso a la información, elementos que yacen en el fondo del diseño y desarrollo de las políticas públicas dentro de la administración gubernamental, y que son necesarios para garantizar el pleno ejercicio de una democracia participativa y el apuntalamiento de un auténtico Estado de derecho.
El Parlamento abierto se entiende como una institución transparente que rinde cuentas apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con la finalidad de fomentar la retroalimentación, la interacción, la inclusión o incluso la crítica constructiva desde la ciudadanía.
El Senado de la República ha sido congruente en este respecto y, por tal motivo, a inicios de la actual legislatura se informó públicamente la situación en la que se encontraba la institución, así como las acciones que se emprenderían para reducir el dispendio de recursos públicos, materializado en altos salarios, duplicidad de funciones, lujos excesivos, emolumentos o las ya muy conocidas prebendas.
Aún tenemos mucho camino por andar para que se pueda establecer un modelo de Parlamento abierto, pero existe voluntad política de todos los integrantes de la LXIV Legislatura por hacerlo efectivo. El Senado propugna por establecer políticas internas para conducirse con transparencia; desarrollar plataformas digitales y otras herramientas que permitan la interacción ciudadana con el Senado; crear mecanismos efectivos en materia de rendición de cuentas; publicar la información legislativa en formatos abiertos, entre otros objetivos particulares que buscan darle un giro importante al trabajo institucional de esta Cámara.
La coyuntura política exige el impostergable ejercicio de una democracia efectiva, apuntalada con una auténtica vigencia del Estado de derecho; su vulneración, en el pasado, trajo graves consecuencias a la vida institucional del país, lo que coadyuvó a la pauperización de las condiciones de vida de los gobernados, ya que se afectó el crecimiento y el desarrollo económico del país, se permitió la vulneración de los derechos humanos y se abonó a la descomposición social, a causa de la creciente corrupción e impunidad.
Lo anterior trajo consigo, a su vez, una de las crisis de seguridad más cruentas de las que se tenga registro en la historia reciente de México. La falta de transparencia y de rendición de cuentas en las más altas esferas de la administración pública ha sido un lastre que es imprescindible sacudirse para poder propiciar los cambios de fondo propuestos por la Cuarta Transformación.
Para la valoración de diversos asuntos que son de gran interés público, como la creación de la Guardia Nacional, el Senado de la República organizó en días pasados diversos foros para tener el más amplio panorama de los pros y contras respecto de la eventual aprobación de la reforma constitucional. La opinión de expertos, académicos, integrantes de grupos organizados de la sociedad civil, así como de observadores internacionales es muy importante para llevar a cabo los cambios constitucionales pertinentes y desarrollar las eventuales leyes secundarias que articulen la propuesta.
Lo anterior se circunscribe en una dinámica propia del Parlamento abierto y establece para el futuro un importante precedente de trabajo conjunto organizado para que el Poder Legislativo se mantenga como una institución del Estado mexicano abierta, transparente, incluyente, promotora del diálogo y la participación ciudadana en todo lo concerniente al trabajo legislativo desempeñado en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Es imperativo que el modelo de trabajo de Parlamento abierto se utilice como eje transversal del quehacer legislativo y que no se límite únicamente a los temas de mayor relevancia mediática o se vuelva presa del oportunismo político. Su pronta implementación garantizará en buena medida la transparencia que la sociedad mexicana en todos sus niveles demanda de las instituciones del Estado mexicano; éstas necesitan legitimarse brindando certidumbre en todos los ámbitos de sus competencias.
Para lograrlo se requiere la voluntad de todas las fuerzas políticas. No es opcional transparentar el trabajo legislativo, es un requerimiento indispensable para fortalecer a las instituciones del Estado mexicano, política y jurídicamente. En el Senado de la República se decidió por la ruta del Parlamento abierto; un virtuoso camino sin retorno
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