Presupuesto 2020, un paquete económico diferente
Dr. Ricardo Monreal A
La era neoliberal imprimió su último suspiro en el presupuesto de este año, por lo que, en adelante, se dará un cambio sustancial en la manera como el gobierno federal ejercerá el gasto público. Se trata, pues, de una reorientación de los recursos públicos para beneficiar al pueblo y no a los gobernantes: no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Basta recordar el despilfarro del que fueron objeto las arcas públicas en anteriores administraciones; uno de tantos casos fue evidenciado en días recientes por el propio presidente de la República.
La responsabilidad con la que el actual gobierno está propiciando la estabilidad económica del país se refleja en la propuesta de presupuesto enviada a la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría de Hacienda, para su discusión y eventual aprobación en los próximos meses. Se plantea que los mayores recursos sean destinados a los programas sociales, para beneficiar a grandes sectores de la población en el mediano y largo plazos; en contraparte, el gobierno, siguiendo su política de austeridad, ejercerá una menor cantidad de recursos en el gasto corriente para el pago de nómina burocrática; propiciando con ello una mayor eficiencia y una serie de ahorros que son necesarios para sanear las arcas del Estado.
Una de las premisas fundamentales del esquema neoliberal consistió en el adelgazamiento indispensable del Estado, es decir, inhibir su participación en las actividades económicas. En nuestro país, durante el sexenio 1982 a 1988, gran cantidad de empresas que eran financiadas con recursos públicos pasaron a manos de privados, inercia que continuó durante el mandato del siguiente titular del Ejecutivo y que intentó consolidarse en los sexenios posteriores a través de la venta y privatización de Pemex y de la CFE, las más grandes empresas paraestatales propiedad del pueblo de México.
Sin embargo, aunque se pretendió restringir al Estado de la actividad económica, el gobierno siguió ejerciendo presupuestos gigantescos para el sostenimiento de redes clientelares, financiamiento de campañas electorales, compra de votos, enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción. Asimismo, para completar el esquema de sangría de recursos, se alimentaba una fuerte presencia de aviadores al interior de las dependencias públicas, así como la existencia y promoción de contratos ventajosos, otorgados por altos funcionarios públicos a empresas de familiares o allegados.
Además de la carga fiscal que aquellos gobiernos le fueron adjudicando al contribuyente, de manera irresponsable también fueron incrementando la deuda pública del país, mediante la solicitud de cuantiosos y gravosos empréstitos con fines poco claros e imperceptibles por el ciudadano de a pie; tan solo un ejemplo de ello es el préstamo que se solicitó por 10 mil millones de dólares, para saldar deudas internas y externas.
El gobierno de la 4T es consciente del problema que se vive en nuestro país en materia económica, por lo que, en el Presupuesto de Egresos para el ciclo fiscal 2020, no se prevé la contratación de mayor deuda pública, al contrario, se plantea maximizar los recursos, de manera tal que lo generado de la recaudación fiscal y el ahorro en el gasto corriente de las dependencias públicas sea suficiente para garantizar la operación de los servicios gubernamentales, la pervivencia de los programas sociales para la reconstrucción del tejido social, así como el pago de las obligaciones internas y externas.
Por ello, para el 2020 se proyecta realizar el mayor gasto social del que se tenga registro en años recientes: programas como Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Atención a las Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, becas escolares, créditos agrícola y ganadero, entre otros, contarán con mayores recursos públicos, para dar cumplimiento al propósito de fomentar las actividades productivas, reducir las brechas de desigualdad y dar atención a los problemas que originaron el clima de violencia que actualmente atraviesa el país.
Asimismo, en la propuesta se tiene contemplado destinar una mayor cantidad de recursos a Pemex y CFE, con el fin de apuntalar su funcionamiento y que su actividad productiva siga generando beneficios para la nación: los resultados se verán en el mediano plazo. Esto confirma el compromiso de la 4T por corregir el rumbo que se había trazado para el país por parte de la élite política y económica de las décadas anteriores.
Otra de las grandes diferencias entre el diseño del presupuesto de la presente administración y las anteriores se verifica en que la ciudadanía va a recibir una mayor cantidad de recursos sin la necesidad de que dependan de intermediarios clientelares y corporativos; más dinero para quienes padecen una mayor necesidad económica y menos condonaciones fiscales para aquellos que, por largo tiempo, se beneficiaron del statu quo.
Hoy, habrá mayores recursos para rescatar el campo, así como más apoyo para niñas, niños y jóvenes en edad escolar, con lo cual indudablemente disminuirá la deserción; más becarios, menos sicarios; medicinas suficientes y atención médica de calidad. La 4T se niega a privatizar la asistencia médica, evitando los altos costos de dejar en manos de particulares lo que es responsabilidad del Estado.
Se han estado cumpliendo los compromisos planteados en la campaña electoral de 2018, y quedará demostrado que sí se puede invertir en el desarrollo social sin necesidad de acudir a un sobreendeudamiento. Hay sensatez en el manejo de los aspectos macroeconómicos de la nación: control de la inflación, estabilidad en el tipo de cambio, tasas de interés fijas, déficit controlado, apertura comercial, entre otros.
La sana conducción del país en materia económica es hoy por hoy un hecho comprobado. En el gobierno de la 4T, el presupuesto de 2020 es una más de las expresiones de la responsabilidad con que se manejan los recursos públicos.
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