La necesidad de un “maxiproceso” contra la narcopolítica
Por: Claudia Anaya Mota
Cada vez que surge un nuevo caso de presuntos vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado, como sucede con altos perfiles morenistas en Sinaloa y en otras entidades federativas, la discusión pública vuelve al mismo punto: ¿hasta dónde llega la infiltración del narcotráfico en las instituciones mexicanas? La respuesta, aunque incómoda, parece ser cada vez más evidente. No se trata únicamente de policías municipales o funcionarios aislados, sino de una estructura de corrupción que, en muchos casos, ha permitido que organizaciones criminales influyan en decisiones de gobierno, controlen economías locales y condicionen la vida cotidiana de miles de ciudadanos; ante ese panorama, he propuesto e insistido en diversos espacios públicos sobre la necesidad de impulsar en nuestro país un "maxiproceso", inspirado en la experiencia italiana de los años ochenta.
El llamado Maxiproceso de Palermo fue uno de los juicios más importantes en la historia de la lucha contra la mafia. Ejecutado entre 1986 y 1987, sentó en el banquillo a casi 500 integrantes de Cosa Nostra, la organización criminal que durante décadas controló buena parte de Sicilia mediante asesinatos, extorsiones, corrupción y complicidad política. Aquella investigación no surgió de la noche a la mañana. Fue resultado del trabajo coordinado de un grupo de jueces y fiscales que decidieron atacar el problema como un sistema y no como una suma de delitos aislados.
La gran innovación consistió en entender que la mafia no era únicamente un conjunto de delincuentes, sino una organización con estructuras de mando, relaciones financieras y conexiones dentro del aparato político. Gracias a testimonios de colaboradores de la justicia, investigaciones patrimoniales y una estrategia integral, cientos de acusados fueron juzgados al mismo tiempo y muchos de ellos recibieron condenas ejemplares.
El verdadero legado del Maxiproceso no fueron únicamente las sentencias. Fue el mensaje institucional: el Estado estaba dispuesto a romper décadas de impunidad, incluso cuando ello implicaba enfrentar a poderosos intereses políticos y económicos. El costo fue enorme, pero este legado marcó un antes y un después en la manera de combatir al crimen organizado.
México enfrenta hoy un desafío distinto, aunque con preocupantes similitudes. Acorde con fuentes periodísticas, Estados Unidos está investigando a políticos ligados con delitos transnacionales, pero no se investiga a políticos relacionados con la delincuencia organizada que han permeado en numerosas regiones del país. En Zacatecas, es conocido que los criminales ya controlan la venta de cigarros, la organización de las ferias, impone cuotas, decide quién construye obra pública y todo ello, entre otros aspectos, debemos resolverlo nosotros, ninguna otra nación.
Lograr un maxiproceso exitoso, depende de contar con fiscales independientes, un Poder Judicial dispuesto a enfrentar enormes presiones, mecanismos efectivos de protección para testigos y, sobre todo, voluntad política y una importante presión social para sostener investigaciones durante varios años.
En México, estas condiciones siguen siendo motivo de debate. La autonomía de las fiscalías, la protección de jueces, la capacidad de investigación financiera y el combate a la corrupción institucional continúan siendo temas pendientes. Sin fortalecer esos pilares, cualquier intento corre el riesgo de convertirse en un ejercicio mediático sin resultados duraderos.
Sería muy valioso retomar la principal enseñanza del caso italiano. El combate al crimen organizado comienza cuando el Estado demuestra que nadie está por encima de la ley y que las instituciones tienen la capacidad de investigar incluso a quienes forman parte del propio poder.
No necesitamos copiar con exactitud el modelo italiano. Nuestros problemas son distintos y nuestro contexto también, pero sí podemos recuperar una de sus lecciones fundamentales: cuando la corrupción y el crimen organizado construyen redes, la respuesta institucional también debe ser integral, porque mientras los delitos se investiguen de manera aislada y las responsabilidades políticas permanezcan intocables, la impunidad seguirá siendo el principal aliado de la delincuencia.
Senadora de la República
