LAS MADRES FRENTE A LA JUSTICIA AUSENTE
Por: Eva María López Valerio
La maternidad no debería convertirse en una condena económica, emocional y social por la irresponsabilidad de quienes abandonan a sus hijos y por la indiferencia de las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.
Una frase colocada en un muro resume una de las realidades más dolorosas e invisibilizadas de nuestra sociedad: “Los padres abandonan a los hijos y el Estado abandona a las madres en la exigencia de justicia”. No se trata únicamente de una expresión de inconformidad, sino de una denuncia social que evidencia las profundas desigualdades que enfrentan miles de mujeres cuando deben asumir, en soledad, las responsabilidades económicas, afectivas y educativas de sus hijos.
En México, hablar de abandono paterno implica reconocer una problemática estructural que trasciende el ámbito privado. No estamos frente a simples conflictos familiares ni ante diferencias entre exparejas. Estamos frente a posibles vulneraciones de derechos humanos, incumplimientos de obligaciones legales y una deuda institucional que históricamente ha recaído sobre las mujeres.
Durante generaciones se ha normalizado que, cuando un padre decide ausentarse, sea la madre quien resuelva absolutamente todo: alimentación, vivienda, educación, salud, vestido, acompañamiento emocional y formación de los hijos. La sociedad suele reconocer ese esfuerzo como una demostración de fortaleza femenina, pero pocas veces cuestiona las condiciones de desigualdad que obligan a tantas mujeres a convertirse en el único sostén de sus familias.
No debemos romantizar la fortaleza de las madres cuando esa fortaleza es consecuencia del abandono y de la falta de justicia.
EL ABANDONO PATERNO NO ES UN ASUNTO PRIVADO
Existe una idea profundamente arraigada de que los problemas relacionados con las obligaciones alimentarias deben resolverse exclusivamente entre quienes fueron pareja. Sin embargo, cuando un padre incumple sus responsabilidades, las consecuencias afectan directamente los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4.º, reconoce el principio del interés superior de la niñez y establece que sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento deben satisfacerse para garantizar su desarrollo integral.
Por tanto, la obligación de proporcionar alimentos no constituye un favor, una concesión voluntaria ni una muestra de generosidad. Es un deber jurídico que corresponde a quienes ejercen la maternidad y la paternidad, conforme a las circunstancias y posibilidades establecidas por la legislación.
No obstante, en la práctica, numerosas madres enfrentan procesos judiciales prolongados para obtener una pensión alimenticia, exigir su cumplimiento o lograr que las autoridades ejecuten las resoluciones correspondientes.
A ello se suman las dificultades para localizar a los deudores alimentarios, acreditar sus ingresos reales o enfrentar estrategias destinadas a evadir responsabilidades económicas.
Así, lo que debería ser una obligación compartida termina convirtiéndose en una lucha desigual, donde una parte incumple mientras la otra debe invertir tiempo, recursos y desgaste emocional para exigir lo que legalmente corresponde a sus hijos.
LA VIOLENCIA ECONÓMICA Y EL DESGASTE INSTITUCIONAL
El incumplimiento deliberado de las obligaciones alimentarias puede constituir una forma de violencia económica, particularmente cuando se utiliza como mecanismo de control, castigo o sometimiento hacia las mujeres.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia económica como aquella acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima, incluyendo conductas relacionadas con la evasión de obligaciones alimentarias.
Sin embargo, el problema no termina con el incumplimiento paterno. En ocasiones comienza una segunda batalla: la que las madres deben enfrentar ante las propias instituciones.
Juzgados saturados, procedimientos prolongados, dificultades para ejecutar sentencias, falta de asesoría jurídica accesible y prácticas que reproducen estereotipos de género pueden convertirse en obstáculos adicionales para quienes buscan justicia.
Resulta especialmente preocupante cuando las mujeres son cuestionadas por exigir el cumplimiento de una pensión alimenticia, como si defender los derechos de sus hijos representara un acto de confrontación personal o de resentimiento hacia el padre. Esta percepción reproduce una forma de discriminación que debe erradicarse.
Exigir alimentos no es venganza. Reclamar derechos no es violencia. Acudir a los tribunales no debería convertirse en un castigo para las madres.
La justicia pierde legitimidad cuando reconoce derechos en el papel, pero no consigue hacerlos efectivos en la vida cotidiana.
