El fallido experimento en reinventar sin plan, la atención a la salud
Por: Claudia Anaya Mota
Lograr que todas las mexicanas y mexicanos, sin importar su edad, condición económica y laboral, hagan efectivo su derecho a la salud, ha sido una constante lucha de los gobiernos federales desde la década de los sesenta del siglo pasado hasta el día de hoy.
Al finalizar la década de los setenta, las administraciones federales buscaron implementar programas que fortalecieran y ampliaran el número de beneficiados no solo en el ámbito urbano, sino también en el rural, por lo que hubo esfuerzos coordinados entre el sector público, patronal y obrero para financiarlos. En la década de los ochenta, hubo avances significativos en la construcción de la infraestructura hospitalaria a lo largo y ancho del país.
Administrativamente, se ha experimentado la centralización de los servicios del estado, pero también en la década de los noventa se impulsó su descentralización, a través de la creación de las diferentes Secretrías de Salud en cada estado que provocó la fragmentación de los esfuerzos en materia de salud, limitaciones presupuestales y en consecuencia, el deterioro en general de los servicios y de su infraestructura.
Al inicio del siglo XXI, para lograr una mayor cobertura hacia la población que no contaba con seguridad social a través del IMSS o ISSSTE, se creó el Programa “Seguro Popular” bajo un esquema de financiamiento en el cual, el beneficiario aportaba una parte de su tratamiento acorde con su nivel de ingreso y el resto, lo proporcinaba la administración federal. Este programa evolucionó a tal grado que en 2016, el IMSS erogaba $?1060 pesos por persona beneficiada contra $?3641 que el Seguro Popular destinaba a la población sin seguro social y aunque no cubría todas las enfermedades, era un buen programa que necesitaba mejorar.
Para 2018 con la llegada de la autonombrada “Cuarta Transformación”, se planteó la integración de toda la población sin seguridad social al IMSS, a través de la eliminación del Seguro Popular y con la llegada del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) que no cumplió con esa meta y nunca se supo bien a bien cuál era su esencia programática; en 2022, estamos viviendo una nueva etapa, denominada “IMSS-Bienestar”, que ha promocionado que los servicios de salud sean brindados por los estados, donde el Instituto se hará cargo no solo de los trabajadores inscritos, sino también de quienes no tienen IMSS.
Estas decisiones preocupan porque no sabemos si el presupuesto que se les asigne realmente alcanzará a los estados para cubrir toda la demanda de sus servicios y no hay claridad en si el IMSS podrá ampliar sus recursos tomando presupuesto del INSABI o si en un futuro, tendrá que buscar mecanismos de financiamiento a través del cobro de sus servicios, cosa que de llegar a suceder, rompería con el objetivo de la gratuidad en los servicios de salud.
Por otra parte, no existe claridad en relación a la contratación y permanencia de los trabajadores de la salud que estén o no sindicalizados, lo que deja en la incertidumbre a miles de trabajadores que están a la espera de la definición de su situación laboral. En Zacatecas, ya hemos experimentado estas consecuencias con el paso de la tutelaridad de los hospitales del sector salud al esquema IMSS Bienestar.
Lo que sí ya sucede, es que en Zacatecas, el gobierno del estado pidió a las autoridades sanitarias recaudar poco más de 40 mdp para poder sacar adelante los gastos del sector y para ello, les pidieron actualizar sus cobros en los hospitales del que dependen de la Secretaría de Salud, es decir, los más vulnerables costearán el boquete financiero. Ello muestra que esta nueva reestructuración, no está funcionando como se esperaba.
Aún hay muchas dudas y temas que se deberían de haberse abordado antes de cambio de estrategia en materia de salud. A ello, se suma la escasez medicamentos de enfermedades catastróficas como el cáncer o VIH y en días recientes, la alerta por el bajo nivel de vacunación de recién nacidos y menores que viven su primera infancia porque no se han comprado vacunas.
Los retos son enormes y ninguna administración puede darse el lujo de no tener en cuenta la experiencia previa y reconocer los avances que teníamos, porque no es solo acto de soberbia, sino que pone en peligro la salud de todas las personas y por ende, la viabilidad y el futuro del país.
*Senadora de la República.
