Dejen de jugar con la salud
Por Claudia Anaya Mota
El pasado 28 de septiembre fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Operación del programa “Consultorios del Servicio Universal de Salud” para el ejercicio fiscal 2026. El propio documento reconoce algo que debería llamar nuestra atención: no existía un programa presupuestario cuya finalidad específica fuera habilitar estos espacios y, sin embargo, ahora tenemos un programa U314 con una bolsa de 1 mil 212 millones de pesos para hacerlo.
Nadie puede estar en contra de ampliar la atención médica de primer nivel. México necesita más médicos, más medicamentos, hospitales funcionando, equipo médico y consultas oportunas. El problema es que cuando se trata de dinero público —y mucho más cuando hablamos de salud— las buenas intenciones no sustituyen las reglas, los controles ni la rendición de cuentas.
El gobierno pretende habilitar consultorios en instalaciones del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, pero también contempla las llamadas “Unidades de Consultorio del Servicio Universal de Salud”, es decir, espacios dentro de otros inmuebles seleccionados para prestar atención médica. ¿Dónde estarán exactamente? ¿Cuáles serán? ¿Quién determinará que reúnen las condiciones sanitarias necesarias?
Los lineamientos establecen que las instituciones de salud y los gobiernos estatales identificarán los espacios susceptibles de convertirse en consultorios. Después se integrarán comités comunitarios que decidirán las acciones de rehabilitación, mantenimiento o adecuación que deberán realizarse.
Y ahora viene la parte verdaderamente grave: A cada consultorio se le podrán entregar hasta 150 mil pesos, y hasta 250 mil pesos cuando se determine que requiere trabajos mayores en instalaciones hidráulicas, sanitarias o eléctricas. Recordemos que el ejercicio de este recurso debe emplearse en el sector público, no en una propiedad privada, a menos que exista un convenio de renta, pero estos lineamientos publicados, no lo autorizan.
Un consultorio médico debe tener como responsable a un médico especialista, un químico farmacobiólogo o bien, a un personal sanitario acreditado al sector salud, no a un ciudadano. Los propios lineamientos permiten que, cuando las condiciones de la localidad o las características del proveedor supuestamente no permitan obtener un CFDI, el gasto pueda acreditarse mediante recibos simples, listas de raya u otros documentos, incluso, se permiten pagos en efectivo y no estamos hablando de unos cuantos pesos.
Los lineamientos autorizan retiros de hasta 100 mil pesos en efectivo en un solo día, con la posibilidad de realizar posteriormente otro retiro después de diez días. Entonces yo pregunto: ¿Para qué pasamos años construyendo sistemas de fiscalización, trazabilidad, contabilidad gubernamental y comprobación electrónica del gasto público si ahora vamos a entregar recursos federales y aceptar un recibo simple como comprobante?
Una cosa es la participación comunitaria y otra muy distinta trasladarle a un comité vecinal la responsabilidad de administrar cientos de miles de pesos destinados a infraestructura sanitaria, pero además, estamos hablando de consultorios médicos, de espacios en donde habrá médicos, enfermeras, pacientes, medicamentos y procedimientos de atención primaria.
¿Quién será responsable si una instalación eléctrica queda mal hecha? ¿Quién responde si existe una falla sanitaria? ¿Quién verifica antes de que el consultorio abra sus puertas? Porque gobernar no consiste solamente en dispersar dinero y formar comités.Gobernar significa asumir responsabilidades.
Mientras desde el gobierno federal se propone reducir el uso del efectivo y avanzar hacia operaciones cada vez más trazables y digitalizadas, en este programa se permiten retiros de decenas de miles de pesos y comprobaciones mediante recibos simples. Así no funciona la rendición de cuentas.
Antes de inventar nuevos mecanismos de dispersión de recursos, habría que preguntarse por qué tenemos hospitales que siguen reclamando medicamentos, equipo e insumos; por qué médicos y trabajadores de la salud denuncian carencias y por qué existen unidades médicas que no cuentan siquiera con lo indispensable para atender dignamente a sus pacientes.
Si existen 1 mil 212 millones de pesos, qué bueno, pero cada peso debe poder seguirse desde la Tesorería hasta el último tornillo colocado en un consultorio, porque cuando se trata de salud pública no basta con confiar, hay que comprobar, hay que vigilar y hay que responder.
Senadora de la Repùblica
