LLAMADO POR MÉXICO
( primera de dos partes)
Aquiles González Navarro.
Al documento “Lineamientos generales para un proyecto de país” denominado LLAMADO POR MÉXICO, a que convoca un grupo de patriotas, entre otros Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Alejandro Encinas; sugerí agregar la ponencia que presenté en el foro realizado el 22 de marzo pasado: Seguridad Pública, justicia y soberanía.
Aprovechando el espacio que “La Jornada Zacatecas, generosamente me tiene asignado, pongo a consideración de mis lectores el contenido del documento que refiero.
A mitad de la semana que concluye, el gobernador Alejandro Tello presentó su programa de gobierno en relación con el tema de prevención en seguridad Pública. El esfuerzo me parece loable y el contenido correcto: el desempleo, la desigualdad social, la pobreza, las adicciones; vigilancia y disuasión. Todo bajo la mira de un mapeo delictivo antes inexistente.
En lo general el programa de gobierno en el área de prevención me parece adecuado, aunque no se atiende el asunto de la impunidad, tanto en la corrupción de funcionarios, como en la ausencia de resultados en la investigación de los delitos.
Por lo anterior, considero que un documento integral sobre seguridad pública, debe incluir, además del fenómeno de marginación social, el asunto de la procuración y de la administración de justicia, sus fortalezas y sus debilidades pero, no sólo eso. De manera muy especial, un tema que ha sido hasta ahora soslayado y que ha sido en mucho causante de las condiciones del “Campo de Guerra” en que se ha convertido México. Es la intervención perversa de los Estados Unidos y la carencia de un gobierno mexicano formado por estadistas y patriotas.
Como una consecuencia del interés del Comando Norte de los Estados Unidos y de los apoyos económicos para el gobierno mexicano previstos en los acuerdos del Plan Mérida, el gobierno de México se ha ocupado en implementar el Sistema de Justicia norteamericano denominado “Adversarial”, mejor conocido como juicios orales.
Ello ha dado lugar a una inyección de recursos cuantiosos para el acondicionamiento de los espacios del Poder Judicial de la Federación y de los de las entidades federativas. Sobre todo las llamadas salas para juicios orales.
Se invierte asimismo en capacitación, incrementos salariales para los jueces y magistrados y, a través del Plan Mérida se da equipamiento a las áreas de impartición de justicia, sobre todo en sistemas de cómputo.
En cambio, las estructuras de las procuradurías de las entidades y de la federación son pocos los apoyos que reciben. A lo más se les ha cambiado de apellido para llamarlas en algunos estados pomposamente “Fiscalías”, para acercarnos más a la nomenclatura norteamericana, aunque de contenido, formas y condiciones iguales a muchos años de anquilosamiento.
Las debilidades de los órganos de procuración de justicia podemos resumirlas de acuerdo a los siguientes puntos:
Procuradurías (o fiscalías) atadas. Colgando de la voluntad de los gobernadores o del presidente de la República para procurar justicia o para no procurarla, según sea la instrucción dada por “el jefe” al procurador.
Una real (no simulada) autonomía técnica, financiera y orgánica es imperativo para las procuradurías. La jerarquía de los ejecutivos sobre los procuradores debe ser cosa del pasado. Los gobernadores se comprometen con grupos de poder político y económico, orientando la vara de la justicia a esos intereses.
La función de los agentes del ministerio público para procurar justicia, está vinculada estructuralmente son la facultad de los jueces para impartirla. Ningún trabajo va en demérito. Las responsabilidades son iguales y complementarias: Los agentes del ministerio público investigan y abren el procedimiento penal. Sin el trabajo de ellos (procuración) no hay impartición de justicia.
Los salarios de los agentes deben ser homologados a los de los jueces. Dinero existe, sólo que hay una repartición inequitativa del presupuesto. Funcionarios, magistrados y diputados se llevan lo que debiera ser distribuido sobre bases de equidad. Hoy en Zacatecas- para poner un ejemplo patético- mientras los agentes del ministerio público reciben un pago de $ 13 mil pesos mensuales por su trabajo, los diputados reciben $350 mil pesos mensuales por su ausencia de trabajo (con algunas excepciones). De esa manera un agente recibe en un mes, lo que un diputado en un día. Grotesco, por no decir infame.
La policía ministerial debe ser capacitada para funciones de investigación de los delitos y su labor no debe distraerse (ni en custodia de funcionarios, ni en vigilancia ferial, ni como cuerpo de choque).
La creación de una policía de investigación de carrera con escolaridad en la materia es tarea urgente. La Universidad debe abrir el espacio y su planta docente para la creación de la licenciatura en policía investigador. El procurador Murillo ya lo ha propuesto y lo encamina bien a su realización.
Debe ser rediseñado el esquema de trabajo de los investigadores: “Como racimo de uvas”, decía el célebre criminólogo Rafael Ruiz Harrel. Esto es: agentes del MP, policías investigadores y peritos. Unidos bajo la conducción del Ministerio Público y dedicados con exclusividad a los asuntos de importancia que les sean encomendados.
Continuará…
