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LOS HILOS DE LA TELARAÑA
Aquiles González Navarro
“La reproducción consanguínea del poder. Hijos, sobrinos o adoptados de los dirigentes políticos continúan en los puestos de dirección justo como consecuencia de estas relaciones de parentesco… La exigua movilidad vertical en la política provoca que se constituya una especie de casta en el poder:” Editorial de “la Jornada” Zacatecas. Jueves 4 de mayo.
Con tenacidad que se valora (de la avenida Morelos tendría que ser), Soledad  Luévano  puso al descubierto otro hilo más del gobierno corrupto y corruptor de Miguel Alonso Reyes;
Con información oficial emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, misma que obtuvo por la intervención del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI), Soledad abre a la opinión pública una nómina hasta ahora desconocida, con los nombres de conocidos personajes que fueron funcionarios del gobierno de Alonso, incluyendo algunos que no formaron parte del mismo, pero que, de cualquier modo, recibieron dinero subrepticiamente.
Funcionarios buenos y malos, pero cuyo salario decoroso y nada despreciable les resultó insuficiente ante el mal ejemplo de su jefe supremo que se embolsaba a manos llenas. Por otro lado aviadores, parásitos sociales amparados con el nombramiento de “asesores” (mis respetos por los auténticos), también se integraron a los cobros clandestinos, ante el impulso complaciente del gran corruptor que los convidó a la nómina de la infamia.
Cantidades que van desde 40 mil hasta 130 mil mensuales, según la cercanía con el gran corruptor, hasta sumas mayores; les llaman “bonos de productividad” pero, ¿con que parámetro midieron la productividad de cada uno de los favorecidos?, porque son cantidades diferenciadas. ¿Y, aquellos trabajadores que no recibieron “bono de productividad” es que no fueron productivos? ¿Será acaso que por determinación biológica- emotiva,  sólo son productivas las castas de los amigos, allegados y novios?
No cabe duda: el llamado “bono a la productividad” por  el abuso, lo injusto por  selectivo (en persona y cantidad) y hasta por el nombre aplicado a esa substracción es un agravio a la clase trabajadora permanente, que son mayoría, que sí trabajan, que son productivos, pero carecen de relaciones.
Vi por allí a hijos de ex gobernadores y ex funcionarios a quienes no se les conoce  cualidad ni mérito alguno, pero que  a Miguel le parecieron “productivos” y los integró a nómina sin tarea alguna: 50 mil pesos mensuales regalados por disposición arbitraria de quien dispuso de lo ajeno cual si fuera propio. Hay delito ¿quedará impune?
Perdón especial por los comentarios, para aquellos funcionarios honestos y capaces que aparecen en la nómina y fueron incluidos para ajuste de su salario. Mal por la Secretaría de Finanzas que los mete al mismo costal de las vergüenzas.
El Gobernador Alejandro Tello tiene, ante un panorama de corrupción  intolerable, la oportunidad histórica de marcar un parte aguas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. No es suficiente con que manifieste que él no caerá en corrupción o que declare a ocho columnas que en su gobierno “no hay ni habrá bonos”.  En el nivel político en que se encuentra y con las facultades legales que le son inherentes, está obligado a impulsar un verdadero cambio.
Las llamadas reformas anticorrupción recién aprobadas en la legislatura Federal no aportan, están elaboradas para que nada cambie,  a partir del simple hecho de que el Procurador General de la República sigue subordinado al Presidente y de la serie de comisiones que derivan. Y como quien critica está obligado a proponer va:
Legislar para la creación de un tabulador general de sueldos en todas las dependencias de la administración del gobierno del Estado y de los municipios, evitaría el vicio de las nóminas secretas de aviadores y de privilegiados. El sueldo se mide por ciclo anual donde se publicita lo que percibe cada trabajador. Se adiciona el Código Penal para crear una tipología que sancione al burócrata o funcionario que reciba cantidad mayor a la expresada en el tabulador. La sanción va en contra de quien recibe, así como en contra de quien otorga.
El asunto de los aviadores amerita sanción calificada, igual a quienes simulan  el contrato de asesor o comisionado, debiendo crearse una reglamentación para la contratación de asesores, que hoy es facultad discrecional del ejecutivo estatal y de los municipales. El asesor debe ser personal calificado en alguna ciencia, arte o técnica y no hay duda de la necesidad de contar con este tipo de personal  para tareas específicas, sólo que justificado.
El plato fuerte anticorrupción lo sería un órgano administrativo con facultades jurisdiccionales autónomo, con facultades tan amplias para auditar  a los tres poderes, partidos y organismos descentralizados en el ámbito de competencia estatal. Los diputados dejarían de tener facultades en aprobación de cuenta pública.
Si el gobernador no lo hace, también es oportunidad histórica de los diputados, sólo que tienen que empezar por poner el ejemplo, a partir de la cancelación del cheque por 200 mil pesos de las supuestas herramientas legislativas.

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