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Miscelánea (Segunda parte. Gavilanes.)

MAPA DELICTIVO Y RESPUESTA OFICIAL

Aquiles González Navarro

Es del conocimiento de abogados y criminólogos, que la Seguridad Pública en sentido amplio atiende a cinco etapas: prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia, readaptación y reinserción social. Si tenemos foco de alerta en una sola de las cinco, entonces existen problemas de inseguridad. En todo México y en lo específico en Zacatecas hay foco de alerta en TODAS las etapas y foco rojo en la primera y en la segunda.
En la primera etapa llamada prevención del delito, todas las dependencias y particulares están y estamos involucrados, aunque corresponde en lo oficial a la Secretaría de Seguridad Pública a quien compete en lo específico la mayor carga de trabajo sobre el tema: La elaboración del “mapa de riesgo” o “mapa criminológico”, que detecta las áreas territoriales de mayor impacto delictivo:
Los gavilanes, Tierra y libertad, África, Colosio tercera sección y Condesa  en el caso de Guadalupe entre otras.  La colonia Esparza, Emiliano Zapata, la del Valle, la Azteca y el Olivar en fresnillo entre otras.  En seguida cuadricular por manzanas y calles las características del tejido social de cada colonia: Sus conflictos internos, su problemática no atendida por el gobierno y-- al estilo cubano-- hasta calidad e insuficiencia alimenticia, educación, adicciones y enfermedades recurrentes. Toda una tarea.
A partir del “Mapa criminológico” la Secretaría de Seguridad Pública con el apoyo directo del Gobernador de Estado, sería auxiliada por todas las dependencias de los tres niveles para la atención de la problemática social detectada y analizada.
La Secretaría de salud cumple un papel importante  en la detección de adicciones, enfermedades y calidad e insuficiencia alimenticia.
Mención especial merece la atención a los adictos, para lo que es necesaria la creación del hospital de rehabilitación. El local ya existe, si consideramos el espacio que debiera ocupar el cuartel militar en Fresnillo y que es hoy un área abandonada aunque costosa. Construida a capricho.
Toca a la Secretaría de Seguridad Pública una tarea social gigantesca y no sólo la vigilancia a discreción y la disuasión pasajera con la contratación absurda cada vez de más policías. Es necesario dejar claro: No más policías, pero sí maestros, trabajadoras sociales, médicos, sociólogos, criminólogos, así como profesores en deporte y en artes y oficios.
Y todo un ejército de jóvenes estudiantes de las diversas carreras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Normal de maestros y de otras instituciones educativas, codo con codo prestando servicio social en la difícil pero no imposible tarea de atender las circunstancias sociales que dan origen a la delincuencia común.
Para estos efectos, la Secretaría de Seguridad Pública debe dividirse en dos áreas: la de atención a la problemática social y la de vigilancia y disuasión. La primera dirigida por un criminólogo o sociólogo y la segunda por un policía de carrera que ya lo tiene.  Ambas teniendo como superior jerárquico al secretario de gobierno y al propio gobernador.
Como espuma comenzará a disminuir la delincuencia al ser atendidas las causas que la originan. ¿Que se gastará dinero? Sí bastante, pero más vale una vida humana que todo el capital que sea invertido. Y si no se ajusta, que se decomisen bienes de la otra delincuencia, la de cuello blanco que se apoderó de  dinero del erario público.
Sin embargo, hay un rubro que si no se atiende es el mejor aliciente para la delincuencia. Lo dijo el magistrado Arturo Nahle hace algunos días: la impunidad.
El eminente criminólogo Rafael Ruiz Harrel, en un libro cuyo título dice todo, considera a la impunidad como la causa principal de la delincuencia y de su reiteración. El libro se titula “Criminalidad y Mal Gobierno”.
Para evitar colusión de la policía ministerial con la delincuencia, el maestro sugiere atender lo que expresa el artículo 21  de la Constitución General de la República: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”
En cumplimiento de este enunciado, lo correcto es asignar entre cinco  diez policías ministeriales a cada agente del Ministerio Público y no mantenerlos acuartelados bajo el mando de un director de policía. La estructura “como racimos de uvas” en palabras del criminólogo evita que el órgano investigador pierda tiempo y la cadena de investigación, al pedir al director de policía “le asigne” agentes.
Evita también que los policías ministeriales sean ocupados en tareas que no corresponden a la investigación de los delitos y que abandonen su tarea específica en las indagatorias. Indebidamente son distraídos como guardaespaldas de funcionarios, como preventivos en operativos de vigilancia, como custodios del orden en tiempos feriales y otras, retardando o entorpeciendo las investigaciones.
Evita que el director de policía aparezca o adquiera mayor poder y rango que el propio procurador de justicia, ahora llamado Fiscal.
Con reglas como las mencionadas se atiende a la segunda etapa de seguridad pública: la procuración de justicia. La investigación de los delitos requiere permanencia ininterrumpida hasta la obtención de resultados.
Mejores salarios a Agentes del Ministerio Público, a policías y a peritos, son un aliciente urgente e indispensable si de mejorar se trata. Hace más de diez años que el personal no goza de aumento.

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