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¿A LIMPIAR LA CASA?
Aquiles González Navarro.
Con respeto. Post Mortem,
Al abogado Juan Manuel Rodríguez González
Víctima de un sistema político corrupto e inepto.

“En el Poder Judicial hay circuitos de justicia que se han convertido en redes institucionales de corrupción, nepotismo, dictados y soluciones a modo…, la limpia de este poder debió haberse llevado a cabo en los últimos años”. Afirma Ricardo Monreal en “El Universal” del pasado 9 de abril.
Para “la limpia”, Ricardo Monreal ha propuesto un paquete de reformas a la Constitución a fin de incrementar de 11 a 16 ministros, creando una sala para conocer y resolver sobre casos de corrupción.
Anuncia además sobre la conclusión y presentación en fecha próxima de una iniciativa para la substitución del Consejo de la Judicatura.
Expresa Monreal su confianza en que el Ministro Presidente recién llegado a tal cargo, Arturo Zaldívar Lelo, “sin duda dará aliento a emprender procesos de depuración de prácticas que crecieron en el silencio y la permisibilidad…”
De hacerse realidad la propuesta “Monreal”, podría crearse una sala de ocio y carga económica. “Anticorrupción” sí, pero ¿de cuántos asuntos a tratar en esa última instancia? ¿Se tiene el estudio de flujo a partir de los casos que hoy se ventilan en los juzgados del país? Lo dudo, porque es precisamente la ausencia de resultados en tratándose de delitos por desviación de recursos públicos lo que ha generado impunidad en favor de funcionarios y empresarios.
La realidad es que las denuncias que existen en las instancias de procuración de justicia en los estados y en la Fiscalía General, han sido prácticamente “congeladas”, ocasionando que en gran parte se hayan extinguido las acciones penales por el simple transcurso del tiempo (prescripción).
La facultad de atracción del órgano creado dentro de la Procuraduría General de la República, dizque para conocer de delitos cometidos por servidores públicos de la Federación y de los estados ha sido sólo una barrera para impedir, mediante la inacción, el avance de los asuntos de desviación de fondos públicos. En nuestra entidad es muy claro el caso Alonso y las denuncias existentes por enriquecimiento ilícito. La estafa maestra la caricatura.
Y así se encuentran las entidades. En tratándose de corrupción la impunidad es la regla y la inacción el método, de tal manera que la nueva sala “anticorrupción” que propone Monreal no tendría carga de trabajo.
Hay que considerar además los “filtros” (instancias) por las que transcurren los asuntos penales. Son pocos los que llegan hasta las salas de la Suprema Corte.
Aunque sí tendría una utilidad política si es eso lo que se quiere: Incrementaría a seis el número de ministros “designados” por el actual titular del Poder Ejecutivo Federal, (una ya en funciones y los cinco que se integrarían a la sala anticorrupción). Vale el término “designados”, atento al mecanismo establecido en la Constitución Federal (art.69) para la designación de estos funcionarios del Poder Judicial.
Hacer esto equivaldría a “manchar” la casa, no a limpiarla. ¿Por qué mejor, si de limpiar la casa se trata, se ocupan quienes tienen facultad de iniciativa para leyes federales, de reformar el artículo 69 de la Constitución General de la República, a fin dar al Poder Judicial Federal, la autonomía real y absoluta que un sistema democrático requiere, estableciéndose un mecanismo de elección de los ministros de la Corte, donde no sea el Presidente de la República en turno quien los designe?
Hoy, estimado lector: El presidente propone una terna al Senado. Si el Senado la rechaza, entonces propone una segunda y si también es rechazada, es el Presidente quien decide soberanamente quien es el nuevo ministro. De esta manera se genera un cordón de gratitud inevitable y humanamente explicable. El presidencialismo en todo su apogeo.
Si la reforma se hiciera, como cascada todas las constituciones de las entidades de la República, se verían inmersas en la democratización en la elección de sus magistrados y de los jueces. La Constitución de Zacatecas, curiosamente en el propio artículo 69 establece el mecanismo para la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y es igual:
El gobernador propone una terna a la Legislatura. Si ésta es rechazada propone una segunda y si ocurre igual, entonces es el gobernador quien soberanamente decide quién es el nuevo magistrado. De la misma manera, viene el cordón de gratitud con todas sus consecuencias de fidelidad y lealtad a la persona, pues se ve el hecho como “favor”, no como resultado de una historia de esfuerzo y aptitud.
Obviamente que, lograda la autonomía real del Poder judicial, ello no implica que no se corrijan los excesos en el gasto. Los controles se hacen necesarios.
No es en mi opinión, con comisiones anticorrupción como se logrará la erradicación de tan funesto mal. Me inclino por un Tribunal de Cuentas autónomo, al estilo del que funciona en otros países como Canadá y España, donde lo primero que se hace una vez detectado el desvío, es el embargo de bienes del funcionario corrupto, por eso son tribunales administrativos con funciones jurisdiccionales y con facultades para el ejercicio de la acción penal.
En la siguiente entrega continuaremos con otras propuestas para ¡limpiar la casa!