La Regulación de las Redes
Por: Arturo Nahle García
Mi compadre Monreal anunció que va a presentar una iniciativa para regular las Redes Sociales, medio mundo ya puso el grito en el cielo argumentando que quiere limitar nuestro derecho de libre expresión.
Eso es falso, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura, los recursos orbitales, la comunicación satelital, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de libre competencia para contribuir al ejercicio del derecho de expresión y de acceso a la información.
Y es que el espectro radioeléctrico y los recursos orbitales son bienes del dominio público de la Nación cuya titularidad y administración corresponden al Estado. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general y el Estado ejerce la rectoría en la materia a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
La ley ya establece la neutralidad de las redes, dice que los concesionarios que presten el servicio de acceso a Internet deben sujetarse a los lineamientos generales que expide el Instituto.
También los contenidos audiovisuales están regulados, por ejemplo la programación debe propiciar la integración de las familias, el desarrollo armónico de la niñez, el mejoramiento de los sistemas educativos, la difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; el desarrollo sustentable, la difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional, la igualdad entre mujeres y hombres, la divulgación del conocimiento científico y técnico, y el uso correcto del lenguaje.
Hasta la publicidad está regulada.
La iniciativa de Ricardo pretende regular solo las redes sociales que tienen más de un millón de usuarios o suscriptores. Plantea que empresas como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, obtengan permiso del IFT para operar en México.
Los términos del servicio que prestan estas empresas deberán ser aprobados por el Instituto, si el usuario los incumple la empresa podrá suspender temporalmente la cuenta y eliminar contenido. Pero para cancelar definitivamente una cuenta o un perfil, las empresas de redes sociales deberán tener especialistas en derechos humanos y libertad de expresión quienes emitirán la resolución correspondiente.
Una cuenta sólo podrá ser cancelada definitivamente si se utilizó para difundir mensajes de odio, noticias falsas, mensajes que provocaron algún delito o perturbación del orden público; o se usó para afectar los derechos de menores de edad.
Los usuarios a los que se les cancele definitivamente su cuenta podrán impugnar en un plazo de 24 horas, las empresas deberán resolver la impugnación también en 24 horas. Si la resolución no es favorable, el usuario podrá presentar una queja ante el Instituto.
Si se acredita que la empresa vulneró la libertad de expresión, la sanción podría ser de casi 90 millones de pesos.
Como se observa la iniciativa de nuestro paisano no es para restringir el derecho de expresión, es para evitar que Facebook, Twitter y otras redes lo restrinjan arbitrariamente.
