Skip to main content

EL SIMULADO COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Por: Isadora Santivañez Ríos
Los cambios de gobierno traen consigo una serie de expectativas respecto a las adecuaciones o modificaciones que realizará cada partido político o representante popular en cuanto a la forma de gobernar y administrar a los entes públicos y privados, por lo que las etapas de transición suelen ser muy dinámicas y controversiales, ya que anuncian la manera de hacer política de quienes próximamente podrán ostentar el poder.
Durante el proceso de transición de Enrique Peña Nieto y Andreas Manuel López Obrador, sorprendió a propios y extraños que se llevara a cabo un cambio de estafeta cubierto principalmente por una inesperada civilidad política, en donde se mostró a un Presidente saliente con gran intención de cooperación y voluntad política, así como respeto e institucionalidad y a un Presidente entrante rodeado de manera inédita de un gabinete electo y con una actitud ensimismada y serena, no se habló de combate a la corrupción, ni de persecuciones políticas, el discurso fue encaminado a la cooperación y el bienestar de nuestro país.
Lo cual fue sorpresivo e inesperado ya que, durante más de 12 años, el discurso de Andrés Manuel López Obrador, se había enfocado principalmente en dos temas, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, y a la fecha, parece que la Administración Pública, ha evadido tocar de fondo estos temas, ya que los principales promotores de la llamada cacería de brujas parecen verse envueltos en una serie de justificaciones y argumentos que les impiden cumplir a cabalidad una de sus principales promesas de campaña.
Un claro ejemplo de ellos es el caso Lozoya, el cual ha sido uno de los más controversiales durante esta administración, no solo por la cantidad de delitos de los cuales es acusado como lo son el caso Obedrech, Altos Hornos y AgroNitrogenados, que exponen de manera clara la operación de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, y cohecho, sino por la cantidad de recurso que causó un daño al erario público de aproximadamente 400 millones de pesos.
Aunado a esto, encontramos que Lozoya, por una extraña y poco justificable razón, no ha pisado la cárcel, ya que durante el operativo de su detención y extradición, un parte médico, determinó que, debido a una gran anemia, era necesario mantenerlo en observación en un hospital privado bajo vigilancia, además cuenta con un estatus de testigo protegido de la Fiscalía, con lo que ha obtenido importantes beneficios como lo son: llevar su proceso en libertad, con la única obligación como medida cautelar de firmar cada 15 días en el reclusorio norte, portar un brazalete electrónico y entregar en resguardo su pasaporte.
Ese es el “castigo” que ha tenido hasta el día de hoy una de las principales figuras de corrupción de la administración de Enrique Peña Nieto, quien nos dio uno de los momentos más controversiales en materia de corrupción de los últimos tiempos, en el instante que se filtran sus declaraciones, en las que expone a altos funcionarios de Gobierno Federal y a destacados representantes de partidos políticos.
Pero hasta ahora, no ha habido mayores consecuencias, ni para él, ni para quienes acusó de cómplices de una serie de sobornos supuestamente destinados a financiar la campaña de Peña Nieto y aprobar las llamadas reformas estructurales de su sexenio.
Y a pesar de que, en los últimos días, la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó una nueva denuncia contra Lozoya por presunto lavado de dinero por la cantidad de 3 mil millones de pesos, a través de empresas fantasmas y de que el ojo público se encuentra enfocado en el caso.
Es así como la cuarta transformación, que basa sus preceptos en el combate a la corrupción, no ha dado muestra clara y determinante de brindarle al pueblo una verdadera justicia social. Al contrario, todo apunta a que la justicia de Andrés Manuel López Obrador es selectiva y convenenciera, pareciera que la Fiscalía General de la República ha sido utilizada como instrumento político.
El Gobierno Federal debe entender que el combate a la corrupción no puede ser un show mediático, que el ejercicio de la autoridad no debe ser simulado y que la principal razón por la que el pueblo les dio su confianza es porque prometieron llevar a la cárcel a todos los políticos corruptos.
El caso Lozoya será determinante para dar muestra del alcance de las promesas de campaña de nuestro actual Presidente de la República, un caso tan grande de corrupción no puede tener como implicado y condenado a un solo hombre, la justicia debe llegar para todos.