LA REFORMA ENERGÉTICA
Por: Isadora Santivañez Ríos
En el año de 1824, con un México ya independiente y de reciente creación como nación se publicó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estableció el sistema político federal en nuestro país y abanderó conceptos como la soberanía nacional, derechos humanos, federalismo, división de poderes y democracia representativa.
En el año de 1938 la obra legislativa que caracterizó al periodo cardenista estuvo orientada a fomentar el nacionalismo y la soberanía, con el objeto de generar una independencia económica y de aprovechar los bienes nacionales, derivado de una gran intromisión extranjera que abusaba y se adueñaba de los extraordinarios recursos naturales de nuestro país.
Por lo que, a solicitud del entonces Presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, el Congreso de la Unión, desde años anteriores estuvo trabajando en la llamada expropiación petrolera y publicó la Ley de Nacionalización de Bienes, cuyo objeto fue asegurar que todos los bienes que nacionalizaba el art. 27 Constitucional, entre ellos el petróleo, quedaran bajo el dominio total y efectivo del Gobierno y se aprobó la Ley de Expropiación bajo un precepto de interés social.
Esto ayudó al Gobierno a obtener más recursos, a fortalecer las finanzas públicas de nuestro país y a incrementar de manera significativa su actividad económica, por lo que, tres meses después de la Expropiación se fundó la empresa Paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), otorgándole facultades necesarias para realizar los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo de nuestro país, lo que la convirtió en una de las empresas más importantes del mundo y por lo tanto más redituables, encabezando por muchos años la lista de empresas petroleras más reconocidas, importantes y fructíferas a nivel global.
Sin embargo, con el paso del tiempo y derivado de la gran cantidad de recursos que posee PEMEX, comenzó a desvirtuar en mucho sus funciones y empezó a llenarse de escándalos de corrupción y malo manejos; bajo este argumento, el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto impulsó en el año 2013 una reforma energética en la que modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para con ello permitir a empresas privadas participar en la exploración y extracción del petróleo, a través de la utilidad o producción compartida, es decir, no privatizó el petróleo, pero si permitió la incursión del sector privado, con el objeto de atraer inversión y explorar áreas ultra profundas que por una supuesta falta de recursos económicos y tecnológicos no han podido ser exploradas.
Pero al ser una reforma estructural incluyó un gran número de modificaciones a la Constitución, a leyes secundarias y a diversos reglamentos y decretos, dentro de las que destacan: permitir la participación público privada en la exploración, extracción y transporte de hidrocarburos, la reestructuración de PEMEX y de la CFE para convertirlas en empresas públicas productivas, la incorporación de condiciones de trasparencia y rendición de cuentas, la apertura de un mercado de generación de energía eléctrica, la promoción de la utilización de las energías renovables a gran escala, la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, que sin duda ha sido uno de los más controversiales, debido a sus facultades y atribuciones, y el establecimiento de medidas de protección al medio ambiente durante el manejo de hidrocarburos.
Todas estas modificaciones, sin duda fueron polémicas y lo que más se temía era la privatización del petróleo, por lo que Andrés Manuel López Obrador, como principal opositor al Gobierno de Enrique Peña Nieto, comenzó una campaña de desprestigio a estas reformas y una vez que llegó al poder puso sobre la mesa una iniciativa de reforma constitucional en la que propone volver a modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, para consolidar el control por parte de Gobierno Federal de todas las actividades del sector eléctrico y que PEMEX y la CFE sean consideradas entidades gubernamentales, además pretende cancelar todos los permisos de generación de energía y los contratos de compraventa de electricidad existentes hasta la actualidad, algo parecido a lo que hizo con el aeropuerto, cancelar, pagar daños y volver a iniciar una nueva reestructuración de la energía eléctrica y los hidrocarburos, en las que el Gobierno Federal tenga el control absoluto; así mismo, le otorga a la CFE el derecho constitucional de generar, al menos el 54% de la energía de México y así determinar las tarifas de la energía eléctrica y dejar de lado las energías renovables que son más baratas y funcionales.
La construcción de la refinería Dos Bocas y el relanzamiento de PEMEX como petrolera estatal, fortalecen la idea de Andrés Manuel de dar carpetazo a las reformas estructurales del 2013 y con ello concentrar el poder y el monopolio del Gobierno respecto a las energías y los hidrocarburos.
La idea no era mala hace más de doscientos años, pero en la actualidad ha quedado más que demostrada la insuficiencia del Gobierno para manejar este tipo de empresas, así como la corrupción que trae consigo la burocracia mexicana. El retroceso, está en camino…
