LAS LEYES Y LA CORTE
Por: Isadora Santivañez Ríos
Estos últimos días, los grandes temas nacionales se centraron en todo lo relacionado a la Cámara de Diputados, ya que sus integrantes discutieron y votaron algunas de las iniciativas más trascendentales presentadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las cuales, pretendían convertirse en la plataforma política de la llamada Cuarta Transformación.
Primero que nada, la Cámara de Diputados aprueba en lo general la Reforma a la Ley de Industria Eléctrica, para posteriormente ser enviada a la Cámara de Senadores, quienes argumentaron que esta Ley fortalece la soberanía energética del país, al garantizar la rentabilidad productiva de la CFE, por lo cual también fue aprobada en lo particular, mientras que algunas voces de oposición se mostraron preocupadas por la supuesta monopolización del mercado y por la evidente inconstitucionalidad de dicha Ley.
Esto provocó que la LIE fuera enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver respecto a su inconstitucionalidad, sin embargo, según lo que argumenta la Supera Corte, por error, declaró constitucional la fracción VI del Art. 4 de la Ley de la Industria Eléctrica, la cual ordena subordinar el suministro de energías limpias a los contratos de cobertura eléctrica, sin importar que estos privilegien fuentes contaminantes de generación como el carbón o el combustóleo, quitándole protección al medio ambiente.
Por lo que, a pesar de que se obtuvieron los votos necesarios para declarar inconstitucional la subordinación de las energías limpias, la Suprema Corte aprueba la constitucionalidad de esta Ley, y ahora, si se pretende enmendar dicho acto, aún será necesario poner a consideración del pleno el engrose que contendrá la resolución emitida, para así precisar el sentido de los argumentos de cada integrante de la Corte y con ello ratificar la inconstitucionalidad de esta Ley o mantener la resolución actual.
Ante un tema tan imperante y controversial, el supuesto error de la Corte deja a nuestro país en un periodo de “stand by” que da paso a que posteriormente pueda subirse a tribuna la nueva reforma energética presentada por Andrés Manuel López Obrador, la cual contempla algunos de los postulados hechos en campaña por el Presidente de la República y da fortaleza al llamado sistema transformacional del partido en el gobierno y de sus aliados.
Dicha Ley, tuvo como tema central la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con lo que se pretenden derogar las reformas hechas por Peña Nieto y así “favorecer” a las plantas estatales de generación eléctrica, es decir, a la CFE, la cual no cuenta con la infraestructura necesaria para producir energías limpias y baratas y ha demostrado, a lo largo de los años, ser una empresa caduca, que se maneja bajo estándares muy tradicionalistas que no invierte en innovación e infraestructura, además de mantener precios elevados para las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Algo que se debe destacar dentro de todo el proceso de presentación y desaprobación de esta iniciativa de reforma constitucional, es la falta de consensos por parte del partido en el Gobierno y la creciente sensación de fortalecimiento de los partidos de oposición, ya que la desaprobación de esta iniciativa, se da en un contexto en el que se presenta el fracaso de la consulta popular en la que se sometió a consideración de la ciudadanía la llamada revocación de mandato y se obtuvo como resultado principal el evidente desinterés de la población por la permanencia de Andrés Manuel y de los temas que él intenta poner sobre la mesa desde las altas esferas de Gobierno.
Fueron dos “know outs” seguidos para Andrés Manuel, sin olvidar que recientemente se generó gran controversia por las grandes propiedades multimillonarias de su hijo y por el insipiente aeropuerto que no ha logrado consolidad su operatividad.
Si bien es innegable la popularidad y aceptación con la que goza nuestro Presidente, también se refleja de manera clara que la sociedad no está interesada en los temas de su gobierno, es decir, lo ven bien, pero no responden a su llamado a costa de todo y todos, más bien la sociedad se mantiene apática.
Y, por si fuera poco, la Ley Minera, tuvo que ser aprobada tras un albazo legislativo, lo que debilita aún más la imagen del partido en el gobierno y da muestra de que no existe interés alguno por generar acuerdos ni fortalecer la legitimidad y credibilidad de las políticas públicas implementadas por la cuarta transformación. Un gobierno que tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, no debe verse en la penosa necesidad de generar estrategias denigrantes y chapuceras para poder hacer que prosperen sus postulados, así de mal estamos…
