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AMLO SE BENEFICIÓ DE AYOTZINAPA

Beatriz Pagés

A este régimen nunca le ha interesado hacer justicia a las víctimas. Prefiere proteger a los delincuentes. Las mujeres asesinadas, las madres buscadoras, los militares caídos, los sacerdotes acribillados o a los periodistas ultimados, siempre han sido arrojados al cajón del olvido y la impunidad.

Los privilegios y el buen trato a la delincuencia vuelven a estar presentes en el Informe sobre el caso Ayotzinapa que hizo público el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Llama la atención que la responsabilidad de los grupos criminales, Guerreros Unidos y los Rojos, quedó en segundo plano para convertir el caso en un asunto político. El gobierno concluyó que se trató de un “crimen de Estado” para seguir sometiendo a sus adversarios.

El principal beneficiario del caso Ayotzinapa es quien hoy ostenta la banda presidencial. López Obrador fue uno de los primeros –aunque no el único- en explotar política y electoralmente la tragedia de los jóvenes.

Se montó en un crimen monstruoso para acusar en 2014 al gobierno de represor, aparecer como un decidido defensor de los derechos humanos y posicionar su candidatura a la presidencia de la república.

El y su partido nunca estuvieron en las marchas de protesta por la desaparición de los jóvenes, pero se olía su presencia en la violencia, el incendio a una de las puertas de Palacio Nacional y en los encapuchados que alentaban el vandalismo.

Nunca se sabrá la verdad sobre el asesinato y desaparición de los 43 normalistas, pero el análisis permite deducir a quién sirvió y a quién dañó. Ese crimen representó un golpe mortal no solo para el sexenio de Enrique Peña Nieto sino para el sistema político imperante.

Ayotzinapa contiene todos los ingredientes para hacer caer a un gobierno. Se eligieron como victimas a uno de los sectores más vulnerables del país: jóvenes y pobres, con origen indígena. Se hizo participar a un sin número de actores para crear confusión y ocultar la autoria material e intelectual del crimen. Y los más importante: se eligió el tipo de muerte más siniestra para cimbrar la conciencia mundial.

Hay quienes ha utilizado el caso para montar una industria de la extorsión. Para beneficiarse económica y políticamente. Es el caso de López Obrador. Primero como activista, luego como candidato y después como presidente electo, prometió llegar a la verdad y hacer justicia para ganar adeptos.

Ya en el poder comenzó a “patear el bote” y harto de las presiones salió a decir - lo que nunca había reconocido- que en la normal de Ayotzinapa había infiltrados del crimen organizado.

Los padres de familia y sus abogados dijeron estar decepcionados del presidente. “Nos encontramos con la misma cerrazón.” “Es una decepción”. “Hay alejamiento con la administración federal.”

La amenaza de iniciar un movimiento masivo y de desprestigio contra el régimen obligó a Alejandro Encinas a presentar un informe echo al vapor, panfletario y sin sustento científico con un “chivo expiatorio” –Murillo Karam- que pudiera satisfacer , al menos momentáneamente, el hambre de justicia de las victimas.

Como dar más largas a la esperanza de los padres de los jóvenes ya no es útil políticamente, se decidió llegar a la misma “Verdad Histórica” que tanto critican: No hay indicios de que alguno de que los 43 estudiantes desparecidos se encuentren con vida.

El caso no ha concluido. López Obrador ha utilizado y engañado a las victimas. Al gobierno no le interesa ni conviene llegar a la verdad. Tal vez porque él, el presidente, es el único y principal beneficiario de Ayotzinapa.