EL PLAN B
Por: Arturo Nahle García
A finales de abril -hace más de medio año- el Presidente mandó al Congreso una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que desde un principio dijimos que no sería aprobada porque AMLO no tiene mayoría calificada en ninguna de las dos Cámaras y además no es muy afecto a negociar con la oposición.
El Presidente proponía reformar al INE y al Tribunal Electoral, quería que sus integrantes ya no fueran designados por los Senadores sino por los ciudadanos; proponía que desaparecieran los distritos, los organismos y los tribunales electorales locales; reducir el número de Senadores, de Diputados Federales y Locales y hasta Regidores.
También proponía que los partidos pudieran recibir financiamiento de particulares y que solo recibieran financiamiento público cuando hubiera elecciones; que el 90% de los tiempos oficiales en radio y televisión fuera para los partidos y candidatos y solo el 10% para las autoridades electorales.
Finalmente proponía reducir del 40% al 33% la participación ciudadana para que el proceso de revocación del mandato fuera válido; y ampliar las excepciones de la propaganda gubernamental durante los procesos electorales.
El tema polarizó al país al extremo de que los que estaban en contra organizaron sendas marchas en todo el país y en respuesta el gobierno organizó otra, como si la Constitución se reformara con marchas.
Ante la derrota, el Presidente dijo que tenía un “plan B” que no requiere mayoría calificada en el Congreso.
El plan B consiste en reducir las estructuras administrativas del INE y eliminar sus fideicomisos, reducir los salarios de los consejeros para que no rebasen el del presidente y recalcular los tabuladores de sus casi 18 mil trabajadores (El recorte asciende a 3,600 millones de pesos).
Aunque no se modifican las facultades del INE para integrar el padrón y la lista nominal de electores, se plantean cambios a los procesos de organización electoral.
Se unifica el PREP con el cómputo de la elección; se elimina la Junta General Ejecutiva y en su lugar se crea una Comisión de Administración con cinco consejeros; y se eliminan dos Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que no entraron en funciones.
Ya encarrerados, el PT y el Verde agregaron facultades para transferir votos entre partidos, se blindaron ante la pérdida del registro y se autorizaron a usar sus remanentes para financiar elecciones futuras.
Como se observa, el plan B no tiene nada que ver con el A, solo demostrar que el INE “si se toca”.
*Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Zacatecas
