La tambaleante y contradictoria política migratoria de la Cuarta Transformación
Por Claudia Edith Anaya Mota
El 17 de octubre de 2018 en conferencia de prensa realizada desde el Estado de Tamaulipas, representantes de los medios de comunicación cuestionaron al entonces Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, si México dejaría pasar a los cientos de personas que se organizaban en caravanas para llegar a Estados Unidos. Su respuesta sorprendió. Afirmó que la solución para disminuir la migración, era crear de condiciones de bienestar en nuestro país, por lo que daría apoyos y visas de trabajo como alternativa para evitar el uso de la fuerza y las deportaciones.
Dos meses después, el entonces Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que cumpliría con su promesa de campaña de construir un muro fronterizo que detendría la migración y que además, México pagaría por ello. Lo cierto es que este muro como tal, no se concretó, pero el ex Presidente impulsó el Programa “Quédate en México”, que obligó a miles de migrantes a esperar la resolución de sus solicitudes de asilo en la frontera norte de nuestro país y yo, el 7 de diciembre de 2021, expresé desde mi escaño la inquietud y la demanda para que el Senado de la República conociera más sobre ese programa, con qué presupuesto contábamos, cuál era su temporalidad y sus alcances, porque desde entonces, la crisis que alertaban los alcaldes fronterizos por la falta de infraestructura para atender la demanda alimentación, salud, servicios públicos básicos y la estructura técnica para atenderlos, estaba por iniciar.
Lo cierto es que en los hechos, la política migratoria se militarizó. En mayo de 2020, la mayoría representada en el Senado de la República avaló que la Guardia Nacional en coordinacio´n con el Instituto Nacional de Migracio´n, inspeccione los documentos migratorios de personas extranjeras, para verificar su estancia regular y proceder a presentar a quienes se encuentren en situacio´n irregular para los efectos previstos en la ley de migración. Imborrables las imágenes de elementos de la Guardia Nacional usando macanas o arrastrando a personas migrantes, con uso excesivo de la fuerza y nulo respeto de sus derechos humanos, mientras, la Comisión Nacional de Derechos Humanos brillaba por su ausencia.
Paradójicamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió que brindar funciones de control migratorio a una institución que no es de carácter civil (refiriéndose a la Guardia Nacional) ni especializada en la defensa de las personas migrantes, contraviene los estándares internacionales, estándares que en esta administración no han sido tomados en cuenta hasta el día de hoy, porque si revisamos a detalle el Cuarto Informe presidencial, entre septiembre de 2021 y junio de 2022, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional participaron en actividades de “contención” que trajeron como consecuencia la detención de 345 mil 584 personas migrantes indocumentadas, una cifra récord que supone casi 200 mil migrantes interceptados más que durante el tercer año del presidente, así como un alza de 126%.
El pasado 27 de marzo, a consecuencia de un incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, murieron al menos 40 personas. Fallecieron porque nadie les auxilió, nadie abrió la celda donde se encontraban hacinados y desesperados. Fue un Crimen de Estado, como algunos lo han definido, porque las instituciones del estado mexicano, le fallaron a esos migrantes que esperaban ser recibidos en Estados Unidos.
El colmo, es que el pasado 4 de abril en San Luis Potosí, se llevó a cabo un operativo para localizar a 23 turistas guanajuatenses que transitaban por Matehuala. La sorpresa fue que en dicho operativo, fue descubierta una red de trata laboral de personas, donde las víctimas eran 35 migrantes. La corrupción sigue dolosamente presente en nuestra nación.
Lo cierto es que solo falta un año y medio para que culmine esta administración y la solución a las múltiples fallas de la política migratoria, la cuatroté aplica la solución de siempre: desaparecer, erradicar a las instituciones, en este caso, al Instituto Nacional de Migración, para dar paso a una nueva institución que hasta el momento, se desconocen sus alcances y que además la respuesta no proviene del Gobierno Federal, sino un sacerdote y activista social simpatizante de la cuarta transformación, quien tuvo que asistir a la conferencia mañanera, donde explicó que el fenómeno migratorio debe tratarse de manera interinstitucional, e incluso, hasta propuso quién sería ese comisionado, cuando aún ni siquiera existe una propuesta de cómo se habrá de integrar esa a la que llamó el sacerdote como “Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería”.
*Senadora de la República.
