La falsa (Re)renacionalización de la CFE y Pemex
Por: Claudia Anaya Mota
En el Senado de la República se aprobó con los votos de la mayoría oficialista, la minuta de la Cámara de Diputados en materia de áreas y empresas estratégicas que reformaron los artículos 25, 26 y 27 de nuestra Constitución Política.
Durante la discusión, tanto en las comisiones dictaminadoras como en el pleno, escuché en más de una ocasión y de viva voz a diferentes senadores y senadoras del oficialismo, afirmar orgullosamente, que esta reforma era “histórica” porque “devolvía al estado mexicano” el control de las empresas públicas y del sistema eléctrico nacional, particularmente, en su planeación.
Leyendo la minuta, nos damos cuenta que no se deroga ningún artículo de la reforma de 2013, con esta reforma ni se acaba el mundo, pero tampoco se salva a la Patria, porque no hablamos de una reforma de gran calado, de tal magnitud que se reconociera el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, no hablamos de una reforma energética (como se ha difundido), sino que estamos hablando de una reforma más de carácter administrativo al dejar de considerar tanto a Pemex como la CFE como “empresas productivas del estado mexicano” y únicamente, quedan reconocidas como “empresas públicas”…Nunca el Estado Mexicano ha perdido el control de las empresas públicas.
Lo preocupante es, que en ninguna parte del dictamen discutido y aprobado, existe un artículo transitorio que defina qué entiende el estado mexicano por “empresa pública” lo que genera de entrada, incertidumbre, porque ello puede ocasionar en un futuro muy cercano, confusiones con los inversionistas privados nacionales y extranjeros que quieran participar del mercado eléctrico y energético, pues no se definen ni los alcances ni las limitaciones de lo que se supone, tiene una “empresa pública” y la incertidumbre, nunca es buena.
En otra parte de la minuta, se establece que la deuda generada tanto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Pemex (PEMEX), “será considerada como deuda pública” (sic); esto es incomprensible para mi, porque como estudiosa de las finanzas públicas nacionales, existe un apartado de denominado como “saldos financieros del sector público” y es ahí donde está el registro puntual de dicho endeudamiento.
Particularmente, el cambio en el artículo 27, establece la prevalencia del gobierno mexicano en su participación en el mercado energético dejando en un segundo plano, la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Luego entonces, surge la pregunta ¿el gobierno mexicano cuenta con todos los recursos humanos y financieros para satisfacer las demandas del mercado del sector enérgético? Ante ello ¿las empresas privadas esperarán pacientemente a que se indique el momento y la forma en que pueden participar? Esto resulta inquietante ante una demanda creciente de energía eléctrica como la que vivimos este año, cuando ante la incesante ola de calor, familias de diversos estados del país, padecieron apagones.
En conclusión, hablamos de una reforma que de entrada, es inocua, no aporta nada nuevo, no echa atrás la reforma energética de 2013, no obliga en ningún sentido al estado mexicano a garantizar el goce y suministro de la luz o a fomentar la investigación de nuevos combustibles o nuevas formas de energía menos contaminantes. Lo que sí exacerba, es la duda ante la capacidad del gobierno mexicano de participar en el mercado energético y efectivamente, logre cubrir la creciente demanda y al mismo tiempo, logre mantener el interés de la inversión privada en México.
Esta es la segunda ocasión que la Cuarta Transformación anuncia una “renacionalización de la industria eléctrica”; la primera vez la hizo el expresidente López Obrador, cuando anunció la compra de los activos de la empresa española Iberdrola, pero es importante que tengamos en cuenta que no se trató una “nacionalización”, no sirvió para rescatar a la CFE, tampoco expropió activos de empresas privadas para hacerlas parte del gobierno, ni con esta compra (como se prometió) bajó el precio de la luz. Esta reforma constitucional, tampoco lo hará, se los aseguro.
Senadora de la República