Justicia para Omar
Por Claudia Anaya Mota
El pasado domingo 17 de noviembre, Omar Alejandro Dávalos Ledesma y Abel Maldonado Bautista, dos jóvenes originarios y habitantes del municipio de Tabasco, fueron interceptados por las Fuerzas de Reacción Inmediata del Estado de Zacatecas; Omar perdió la vida y Abel fue arrestado bajo el argumento de que se había tratado de un “enfrentamiento producto de un ataque a los cuerpos de seguridad.”
Con el paso de las horas y de los días, las evidencias reunidas por cámaras de seguridad caseras así como por testimonios de familiares y personas que vieron la detención, ponen de manifiesto de que se trató de un violento abuso de autoridad cometido por elementos de las FRIZ y de la policía metropolitana. Incluso, el propio Alcalde de Tabasco, negó la versión oficial del Gobierno del Estado de que en su municipio, se hubiese llevado a cabo tal enfrentamiento.
Desde hace ya una semana, familiares y amigos de Omar, han realizado diversas acciones para exigir el esclarecimiento de la muerte del joven, que sean investigados los policías que participaron en su detención y al mismo tiempo, que se indague y sancione no solo a los asesinos, sino que también se finquen responsabilidades penales a las autoridades que aprobaron y difundieron la versión difundida por la Vocería de la Mesa Estatal de Seguridad.
La innecesaria y lamentable muerte de Omar y la criminalización de Abel, nos ubican en la lacerante realidad que se vive en los municipios y comunidades de Zacatecas. Fue demasiado temprano lanzar las campanas al viento para poner a Zacatecas “como ejemplo nacional en materia de seguridad”, porque los cuerpos de seguridad siguen usando de manera ilegítima e ilegal su fuerza a tal grado que los lleva a cometer excesos que producen lesiones, maltrato psicológico y hasta la muerte.
Lo sucedido es Tabasco es grave, porque nos pone nuevamente como ejemplo nacional de que nuestra policía, es proclive a usar la brutalidad para controlar protestas o manifestaciones como aquel 8 de marzo en la Plaza de Armas y recientemente con la privación de la vida de Omar.
Es evidente que las policías locales no tienen una formación firme en Derechos Humanos. Su actuación muestra el desconocimiento de Los Principios Básicos de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Empleo del Uso de la Fuerza y de las Armas de Fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
En este documento, se subraya que todas las autoridades del Estado, incluidas las policías, tienen la obligación máxima de respetar y proteger el derecho a la vida. Acorde con el Derecho Internacional, los agentes policiales nunca deben usar medios letales salvo como último recurso, en casos donde únicamente es necesario proteger a las personas de un peligro inminente que ponga en riesgo su integridad o su propia vida, y solo si las demás opciones para reducir el peligro son insuficientes.
Lamentablemente, lo acontecido con Omar, claramente no cumple con estos criterios. Aunque no existe una explicación única que dé cuenta de las razones del uso excesivo de la fuerza en las policías locales o federales, se sabe que los comunes denominadores que lo favorecen son: la inseguridad, la impunidad, la discriminación, la violencia y la legislación inadecuada.
Como Senadora representante de Zacatecas, he realizado ya la petición a la Fiscalía General de la República para que, de ser necesario, atraiga el caso. La muerte de Omar no puede quedar impune, su familia tiene el derecho, debe obtener justicia, debe conocer la verdad y ante todo, que nunca más otra familia padezca lo que Tabasco está sufriendo.
Senadora de la República
