AMPLIACIÓN A LA LEY 3 DE 3 CONTRA VIOLENTADORES
Por: Isadora Santivañez Rios
La administración pública debe ser un reflejo de los principios éticos más elevados y de un firme compromiso con la justicia social y la protección de los derechos humanos. En este sentido, es esencial que los servidores públicos que ocupen cargos de responsabilidad y toma de decisiones demuestren una conducta intachable y un compromiso auténtico con los valores de respeto, igualdad y equidad.
El permitir que algún ciudadano que no tenga el valor moral ni cívico de ocupar un cargo de decisión o de primer nivel es ser permisivo ante algunas de las problemáticas más lacerante de nuestra sociedad, el abuso sexual en México, es uno de los delitos más graves, principalmente cuando nos referimos al abuso sexual infantil, la falta de pago de pensiones alimenticias es un acto de violencia para los hijos pero también para las madres que se tienen que encargar solas y en todos sentidos de las infancias, lo que es totalmente injusto y genera problemas de ansiedad para la madre y de depresión para los niños, así mismo, la violencia familiar o doméstica es uno de los tipos de violencia más repulsivos que existen, ya que se violenta desde los núcleos más cercanos, es decir, en los entornos que deberían ser seguros, de protección y resguardo para las víctimas se ejercen acciones de producción y reproducción de violencias en donde se normalizan las agresiones.
Tener a delincuentes que comentan o hayan cometidos este tipo de delitos dentro de las administraciones públicas federales, estatales o municipales, solo porque las sanciones de estos, en muchas ocasiones no sea la cárcel, sino sanciones administrativas o de corrección disciplinaria, promueve que se permitan perpetuar una sistematización de la violencia y permite su réplica, es decir, que estos delincuentes se sientan con la autoridad y el respaldo suficientes para seguir cometiendo estos actos, lo que significa, literalmente, proteger a los delincuentes por parte de las autoridades.
Es por tal motivo que la Ley 3 de 3 es uno de los sustento jurídicos de mayor relevancia de los últimos años en defensa de las mujeres, los niños y los sectores más vulnerables de la población, ya que da un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia, la manipulación y la complicidad por parte de las autoridades y de la sociedad en general, sin embargo tenemos que reconocer que se quedó corta al no implementar dentro de sus restricciones a los servidores públicos de primer nivel, y contemplar únicamente a los representantes populares, por lo que esta Iniciativa que se presenta pretende fortalecer las bases y esencia de esta protección legal, ampliando su alcance y fortaleciendo su marco jurídico.
Finalmente, esta propuesta no solo se orienta a la administración presente, sino que marca una pauta para las futuras generaciones de servidores públicos, quienes encontrarán en estas normas una guía sobre la conducta que se espera de quienes ejercen funciones de liderazgo en el Estado. Así, la administración pública no sólo actúa en el presente, sino que sienta las bases para una cultura de respeto, responsabilidad y justicia que trascenderá en el tiempo y contribuirá a construir un Zacatecas más seguro, inclusivo y próspero para todos sus habitantes.
La violencia se encuentra presente hasta en lo más inimaginables hogares de nuestro país por lo que es indispensable proteger a las infancias y no generar una revictimización para quienes han sufrido este tipo de delitos de manera directa, premiando, respaldando o avalando a violentadores que ya han demostrado afectar a quien se supone deben proteger y cuidar.
Diputada Local
