“¡Primero, los pobres!”
En prisión preventiva oficiosa
Por: Claudia Anaya Mota
Uno de los pilares de la justicia mexicana, es que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y así está garantizado en el artículo 20 constitucional. Paradójicamente, esta semana en el Senado de la República, se dio lectura a la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 19 de nuestra Carta Magna, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, luego de que Zacatecas y 16 congresos estatales más, le brindaron su aval.
Como sucedió con las anteriores reformas constitucionales, los congresos locales que en su mayoría están dominados por MORENA, han actuado con tal celeridad y de manera vertiginosa, que nuevamente se pone en duda la capacidad de análisis de los alcances y consecuencias que tienen estas medidas para la impartición de justicia en este país, en un tema en que el oficialismo, ha comprometido mejorar sustancialmente.
Las modificaciones parecen facilitar que cualquier persona (inocente o no) que cometa algún delito incluido en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, vaya directo a la cárcel. En dicho catálogo, se agregan el robo a casa habitación, el robo de hidrocarburos (huachicol), la extorsión, la producción y comercialización de fentanilo y otras drogas sintéticas, así como el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, principalmente.
Ustedes conocen mi experiencia legislativa de más de una década y debo subrayar que de todas las reformas al artículo 19 constitucional, esta es la peor, porque proponen aplicar en la prisión preventiva oficiosa la “literalidad”, pero vayamos por partes.
La prisión preventiva oficiosa es una de dieciséis medidas cautelares para la persecución de un delito y cabe subrayar que no es una sanción, es una determinación que se aplica en el caso de que el sospechoso pueda darse a la fuga o poner en riesgo la integridad de la víctima, entre otras razones.
La “literalidad” consiste en prohibir cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer duratorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Considero que no es razonable aplicar dicha “literalidad” porque se le quitó al juez su capacidad y su margen de maniobra; no todos los casos son iguales, por eso la ley siempre tiene que ser general y abstracta.
Hay dos casos que inquietan: robo a casa habitación y el uso y consumo de drogas sintéticas. En el primer caso, cualquier persona que denuncie a su empleada doméstica de haberle robado algo, se aplicará la prisión preventiva oficiosa, es decir, se violará su presunción de inocencia y mientras se determina si es culpable o no, irá a la cárcel.
En el caso del uso, venta y consumo de drogas, ya la Ley de Salud indica una tabla de salvaguarda que son 500 miligramos que es la cantidad que puede exportar, pero si una persona trae 501 miligramos (la mitad de un sobrecito de azúcar) va a ir a la cárcel por la “literalidad” de la prisión preventiva oficiosa.
Es importante resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado a México a eliminar el arraigo y a modificar la prisión preventiva oficiosa, porque vulnera la presunción de inocencia y además, porque es una de las últimas medidas que se deben usar y de aplicarse, debe ser de manera excepcional.
Por último, les adelanto que esta reforma no solucionará ni ayudará en la crisis de inseguridad que padecemos y por el contrario, sumará en agravar la saturación de nuestro sistema carcelario, pues se ha comprobado que en la medida en que hay más delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la criminalidad no disminuye y sí aumenta el número de personas acusadas y que no tienen recursos para pagar una defensa legal. Para que se den una idea: Acorde con el INEGI, al cierre de 2023, se determinó que había 233 mil 277 personas privadas de su libertad y casi el 40% de ellas, aun no recibía sentencia.
Senadora de la República