Los saldos del primer periodo de sesiones de la LXVI Legislatura
en el Senado de la República
Por: Claudia Anaya Mota
Una de las principales características de este primer periodo de sesiones que abarcó desde septiembre y hasta el mes de diciembre, fueron las numerosas reformas constitucionales que se aprobaron en un tiempo récord, porque todas fueron construidas sin consenso, sin un análisis serio y profundo por la avasallante mayoría compuesta por MORENA y sus aliados.
Todas ellas son regresivas, lo sostengo con profunda tristeza pero con objetividad, como la desaparición de organismos con autonomía constitucional en materia de transparencia, telecomunicaciones, evaluación educativa, de evaluación de política social y reguladores de energía; las facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad en coordinación con el Ministerio Público, en lugar de la conducción de este último; el cambio de régimen legal de PEMEX y CFE, que implica el regreso del monopolio estatal en el mercado eléctrico, pero de entre todas ellas, resaltan la Reforma al Poder Judicial, la militarización de la administración pública y la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa y les expondré mis argumentos.
Desde que se anunció la reforma al poder judicial el pasado 5 de febrero por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador y con la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quedó claro que la intención de MORENA nunca fue mejorar el sistema de justicia para que su acceso a ella fuera de manera pronta y expedita; lo que pretenden es tener más y más poder. No les basta tener la presidencia, tener una mayoría ficticia en el Poder Legislativo, ahora van por impartidores de justicia emanados de su propio movimiento.
Los “Comités de Evaluación” particularmente los del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, estuvieron plagados por perfiles cercanos a la cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional, en tanto que el Comité del Poder Judicial, resultó ser un poco más independiente por obvias razones.
No es casualidad que en los comités de evaluación morenistas, se haya registrado un acarreo de estado, una inusitada “participación” en la convocatoria para aspirar a un cargo de Juez, Ministro o Magistrado, donde trascendieron perfiles de familiares, amigos o simpatizantes muy cercanos al oficialismo, que sin dudarlo, van a distorsionar la independencia del Poder Judicial, lacerando profundamente a la República por la centralización de los tres poderes de la unión en una sola fuerza política.
Referente a la militarización de la administración pública, MORENA y sus aliados impulsaron que el personal castrense en tiempos de paz, realice cualquier actividad dentro de la esfera pública, es decir, desde administrar y operar aeropuertos, centros turísticos, hoteles, aduanas, hasta líneas aéreas y no solo eso, sino también, por primera vez en nuestro país, se le han brindado facultades de investigación de los delitos a través de la reforma al artículo 21 constitucional.
Lo anterior, resulta muy preocupante, porque los militares adscritos a la hoy Guardia Nacional (que dejó su naturaleza civil para convertirse en militar) no tienen la capacitación para realizar dichas investigaciones y tampoco se vislumbra que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, hayan previsto una partida especial para este fin.
En relación a la ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa, es una figura que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos había pedido acotar y por el contrario, MORENA y sus aliados, han aprobado la “literalidad”, es decir, no dar pie a interpretaciones o criterios del juzgador en la aplicación de la prisión preventiva a un sinnúmero de delitos como: robo a casa habitación, terapias de conversión, portación de dosis de droga para consumo individual o todo aquello relacionado con facturas falsas.
Como es evidente, se trata de delitos donde se puede ser fácilmente implicado y al aplicar la “literalidad” cualquier persona irá a prisión ipso facto, violándose el principio de presunción de inocencia y poniendo aun más en crisis a nuestro ya de por sí, debilitado sistema de justicia.
En suma, MORENA tiene un discurso de avanzada, de que se le están brindando mayores garantías y ampliación a los derechos de las y los mexicanos, cuando en realidad, en las “letras chiquitas”, cuando se revisan, es todo lo contrario.
Senadora de la República
