La nueva ley censura: la verdadera cara del gobierno autoritario disfrazado de humanista
Por: Claudia Anaya Mota
En días recientes, llegó al Senado de la República la iniciativa del gobierno federal en materia de telecomunicaciones, presentada como una medida para prohibir la propaganda extranjera en medios nacionales. El pretexto fue la transmisión en los canales 2, 5 y 9 de Televisa de una campaña del gobierno de Donald Trump con tintes racistas, xenófobos e intimidatorios contra migrantes indocumentados.
Sin embargo, esta iniciativa va mucho más allá: representa un claro intento de la Cuarta Transformación para acallar la crítica. Y no, no es una interpretación caprichosa. El propio secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, el senador morenista Aníbal Ostoa, lo expresó sin rodeos: “Es momento de defender el control de nuestras narrativas, de nuestras pantallas y de nuestras decisiones.”
No se trata, entonces, de una defensa de la "soberanía nacional" ni de un acto solidario hacia nuestros hermanos migrantes. Se trata de imponer la narrativa oficial sobre cualquier otra expresión, de otorgar a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el poder para apagar plataformas, medios, estaciones de radio o televisión que no se alineen con el discurso del gobierno, todo ello sin necesidad de orden judicial ni justificación legal, lacerando así la libertad de expresión.
El intento de censura no se limita a medios nacionales. Va más lejos: la iniciativa, aprobada en comisiones en un procedimiento fast track —sin el debido análisis profundo de un documento extenso y complejo que regula radio, televisión, redes sociales, satélites, espectros, interconexiones, otorgamientos y concesiones—, propone sancionar hasta con el 5% de sus ingresos a concesionarios que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros. Solo se exentarían aquellos contenidos con fines culturales o turísticos, pero el riesgo de que esta medida se utilice para restringir contenidos críticos es innegable.
Hasta ahora, he identificado claras violaciones a derechos humanos como la libertad de expresión y el derecho a la información, así como incumplimientos a más de 30 tratados internacionales firmados por México en materia de telecomunicaciones. Además, resalta la invasión de competencias, pues con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones —organismo autónomo diseñado precisamente para actuar con independencia del poder político— sus funciones quedarían en manos del Poder Ejecutivo.
Lo más grave es que el Ejecutivo federal se convertiría en juez y parte dentro del mercado de telecomunicaciones. El gobierno quiere ser proveedor de internet; es decir, el dueño del espectro se convertiría también en el principal usufructuario, sin licitaciones ni pagos, una situación que sin duda ahuyentaría la inversión nacional y extranjera. Esto provocaría una distorsión del mercado, afectando a todos los consumidores, al eliminar la competencia y la diversidad, regresándonos a una época de monopolio estatal, con pésimos servicios, sin competencia, sin poder elegir mejor precio o calidad y sin posibilidad de mejora.
En la reforma anterior de telecomunicaciones hubo Parlamento Abierto durante más de seis meses; se escucharon diversas voces y se construyó un marco legal robusto. Hoy, ante la presión social por el escandaloso albazo legislativo que pretende consumar la Cuarta Transformación, apenas se propone un “Parlamento Abierto” sin fecha ni conocimiento de los temas que supuestamente, se abordarían.
No queda claro si el oficialismo pretende realmente corregir la ley o si solo está ganando tiempo para imponerla luego de que este tema se enfríe. Lo que ya es evidente es que, ni siquiera contando con una mayoría aplastante, MORENA logra sacar leyes bien construidas que verdaderamente representen a ese pueblo que tanto dicen defender.
Senadora de la República
