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El silencio oficial también es violencia
Por: Claudia Anaya Mota
La jornada de terror vivida en distintos municipios de Zacatecas tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, dejó al descubierto una fractura profunda y peligrosa del Estado: mientras carreteras eran bloqueadas, vehículos incendiados y la población entraba en pánico, el aparato de comunicación gubernamental optó por minimizar los hechos y no combatir el rumor. No se trató de una mala gestión de redes sociales; fue una omisión grave que vulneró el derecho a la información en un contexto donde saber —o no saber— puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Resulta inaceptable que la Secretaría General de Gobierno intentara minimizar la crisis afirmando que los principales hechos de violencia, se limitaban a Jalisco, cuando la evidencia ciudadana documentó ataques y cierres carreteros en al menos 20 municipios de Zacatecas. Videos difundidos en tiempo real mostraban una realidad muy distinta a la versión oficial, generando confusión y desprotección entre la población, que no sabía si resguardarse, evacuar o continuar su camino. Cuando el gobierno minimiza la violencia, le dice al ciudadano que lo que ve con sus propios ojos no es real, rompiendo el último vínculo de confianza que debe existir entre los gobernates y los gobernados.
El derecho a la información en situaciones de emergencia no es una cortesía política: es una obligación jurídica. Así lo establecen diversos marcos normativos que, a juzgar por los hechos, las autoridades parecieron olvidar. La Ley General de Protección Civil obliga a las entidades federativas a contar con mecanismos de alerta temprana; ocultar o minimizar la magnitud de los hechos contraviene el principio de prevención, cuyo objetivo es salvaguardar a la población antes y durante un evento violento. A ello se suma el artículo 6.º constitucional, que garantiza el derecho a la información y que, en contextos de violencia, se amplía: la ciudadanía necesita información oportuna, veraz y completa para tomar decisiones de autoprotección.
Conviene subrayarlo con claridad: alertar no es alarmar. Una autoridad que informa con precisión dónde se localizan los puntos de riesgo permite despejar vialidades, facilita la labor de los servicios de emergencia y, sobre todo, evita que civiles inocentes queden atrapados o expuestos al peligro. El silencio, en cambio, multiplica el riesgo.
Minimizar los hechos para “cuidar la imagen del estado” es una apuesta perdida. La seguridad pública no se construye con comunicados tibios ni con negaciones, sino con transparencia en tiempo real. Si el gobierno no es capaz de informar con la misma velocidad con la que se desplaza el crimen organizado, entonces está cediendo no solo la narrativa, sino también el control del territorio.
Zacatecas no necesita que le repitan que “todo está bajo control” cuando el humo de los camiones incendiados se observa desde las plazas principales. Necesita que le digan la verdad, a tiempo y sin matices.
En ese mismo sentido, es indispensable mantener la atención sobre la información que vaya surgiendo en torno a la detención —y posterior muerte— de uno de los mayores narcotraficantes del país. Aún hay demasiadas preguntas sin responder, particularmente sobre el tipo de colaboración que pudo existir con la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial contra los Cárteles Mexicanos de Estados Unidos y los alcances reales de dicha operación.
Estamos presenciando un giro evidente en la estrategia de combate al crimen organizado. Aquello que antes se descalificaba como “darle garrotazos al avispero” hoy parece haberse convertido en una necesidad ante un Estado rebasado. La diferencia con la estrategia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sintetizada en la consigna de “abrazos, no balazos” y en la renuncia explícita a la persecución de grandes capos, es notoria.
El cambio de estrategia puede ser debatible; el silencio oficial frente a la violencia, no. Porque callar, cuando la población necesita información para sobrevivir, también es una forma de violencia.

*Senadora