El dinero del Segundo Piso y el derecho a saber
Por: Claudia Anaya Mota
El derecho humano de acceso a la información no es una graciosa concesión del poder, sino la facultad soberana que posee toda persona para examinar e interrogar el actuar público. En un sistema democrático maduro, las autoridades tienen la obligación ineludible de buscar, sistematizar y entregar respuestas claras a las inquietudes ciudadanas, basándose en la premisa de que los datos en posesión del Estado pertenecen a la nación y no a los gobernantes en turno. Es fundamental que la sociedad asuma plenamente que este derecho constituye una vertiente indisociable de la libertad de expresión, firmemente blindada por instrumentos internacionales de la máxima jerarquía, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
En el ordenamiento jurídico mexicano, este principio encuentra su anclaje en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata con absoluta claridad que cualquier entidad, persona física o moral que reciba, ejerza o administre recursos públicos está obligada a transparentar su gestión sin reservas. Bajo este amparo constitucional, las y los zacatecanos tenemos el derecho de conocer con precisión milimétrica el destino, uso y manejo de los recursos que administra el Gobierno del Estado. La transparencia no puede ser opcional ni selectiva, especialmente cuando los montos involucrados comprometen las finanzas de nuestra entidad por generaciones.
Hace algunos días, publiqué en mis redes sociales un análisis detallado de las notas a los Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo del presente año. Estos documentos técnicos corresponden específicamente al fideicomiso público diseñado para la construcción del denominado “Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec” —coloquialmente conocido como el Segundo Piso—, el cual se encuentra bajo la administración de la Secretaría de Obras Públicas. Una revisión minuciosa y matemática de estos balances financieros evidencia una anomalía alarmante: un faltante de miles de millones de pesos cuya ruta actual es un absoluto misterio. Invito a cualquier ciudadano interesado en ejercer su derecho a constatar de primera mano estos registros oficiales en el enlace: share.google/0WDotLjhc14CIFmQo.
El costo total de la obra se presupuestó en 3,654 millones de pesos. Si bien el fideicomiso nunca llegó a albergar la totalidad de esa cifra debido a la posterior cancelación del proyecto por la presión ciudadana, las maniobras financieras para fondearlo resultan sumamente cuestionables. Derivado de una sistemática política de subejercicio del presupuesto estatal, las autoridades lograron acumular en dicho fondo la suma de 2,100 millones de pesos. De este dinero, se entregó al contratista un anticipo que superó los 500 millones de pesos; una operación a todas luces improcedente y bajo sospecha si consideramos que la obra fue licitada bajo la modalidad de "mano alzada". Bajo este esquema contractual, teóricamente corresponde al contratista realizar la inversión inicial con capital propio para recibir los pagos de manera posterior, conforme al avance real de la infraestructura.
Desde 2022, el gobierno estatal constituyó el Fondo de Inversión Pública Productiva del Estado de Zacatecas, una figura utilizada para captar y centralizar de manera artificial los subejercicios y los ingresos excedentes de todas las dependencias y entes públicos de la entidad. Explicado de forma llana: la administración recaudó impuestos de la ciudadanía, pero en lugar de distribuirlos y ejercerlos conforme al presupuesto anual aprobado de manera legítima por las y los diputados en el Congreso del Estado, optó por frenar obras sociales y acciones prioritarias en beneficio de la ciudadanía. Todo esto con la finalidad de devolver esos recursos a la Secretaría de Finanzas y consolidar un "guardadito" financiero al margen de la legalidad presupuestal.
Al año siguiente, formalizaron el fideicomiso específico para el Viaducto Elevado, logrando concentrar los citados 2,100 millones de pesos. Los indicios sugieren que la estrategia gubernamental consistía en prolongar los subejercicios presupuestales en detrimento de la calidad de vida de los zacatecanos hasta alcanzar los 3,654 millones de pesos planificados originalmente. Un detalle legal introduce una paradoja mayúscula: las reglas de operación del propio fideicomiso estipulan explícitamente que este "no podrá extinguirse hasta que concluyan la totalidad de los compromisos de la obra". No obstante, aunque la estructura legal del fideicomiso permanece vigente, sus arcas han estado vaciándose en la sombra.
Las cifras oficiales emanadas de la SEFIN, reconocen en sus informes trimestrales que en diciembre de 2025, el fideicomiso reportaba un saldo superior a los 1,631 millones de pesos; para marzo de 2026, la cuenta registraba apenas 85.9 millones de pesos. En un lapso de tan solo un trimestre, desaparecieron de las cuentas públicas más de 1,545 millones de pesos sin que medie una sola explicación sobre el destino de los mismos o la infraestructura que los justifique.
Ante el legítimo reclamo y los cuestionamientos directos, los funcionarios de la actual administración han optado por el mutismo y la evasión, escudándose en un amparo promovido por la empresa constructora que "reserva" la información del caso por encontrarse en litigio. Esta postura es inaceptable en un Estado de Derecho, pues pervierte los instrumentos jurídicos para imponer una opacidad temporal que vulnera el interés público. La ciudadanía y las instituciones de fiscalización no pueden cruzarse de brazos: la empresa constructora debería estar plenamente demandada por la vía civil y penal para exigir la restitución expedita de un anticipo millonario que jamás debió recibir.
Senadora de la República
