Cuando la política invade al derecho
Por Claudia Anaya Mota
Las democracias modernas descansan sobre una premisa fundamental: el poder debe tener límites. No importa quién gobierne, ni cuán amplio sea su respaldo popular; la legitimidad democrática no se agota en las urnas. También exige el respeto permanente a las reglas, a las instituciones y a la división de poderes. Por ello, es de llamar la atención que MORENA y sus aliados, están diluyendo las fronteras entre lo político y lo jurídico, lo han normalizado y por ello, resulta conveniente hacer un llamado a la reflexión y no normalizar.
La reciente concentración masiva convocada para celebrar dos años del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y presentar un balance de gobierno dejó varias lecturas. Para sus simpatizantes, se trató de una demostración de respaldo popular y de unidad nacional frente a presiones externas, pero por otra parte, fue un descarado acto de movilización política con evidentes tintes partidistas. Más allá de las interpretaciones ideológicas, el episodio abre una discusión de mayor profundidad: ¿hasta dónde puede llegar la política sin comprometer los principios jurídicos que sostienen al Estado mexicano?
La pregunta no es menor. En una democracia constitucional, la política es el espacio natural de la confrontación de ideas, de la construcción de mayorías y de la búsqueda del poder. El derecho, en cambio, existe para establecer límites a ese poder, incluso cuando cuenta con amplio respaldo ciudadano. Cuando ambos ámbitos se confunden, el riesgo no es únicamente jurídico; es institucional.
Llamó mucho mi atención, pero también me alarmó, que a través de diversos videos en redes sociales, se registró la presencia de funcionarios públicos de distintos niveles, representantes de poderes constitucionalmente autónomos e incluso integrantes de órganos cuya independencia debería mantenerse fuera de toda duda. La presencia por ejemplo, del Presidente de la SCJN, plantea interrogantes legítimas sobre la apariencia de imparcialidad que las instituciones deben proyectar ante la sociedad.
Las democracias no solo requieren instituciones independientes; también necesitan que los ciudadanos perciban esa independencia. La confianza pública es un activo tan importante como la propia legalidad. Cuando los límites se desdibujan, las sospechas ocupan el espacio que debería corresponder a las certezas institucionales.
A ello se suma otro elemento delicado: el uso de recursos públicos. Si una movilización política se apoya, directa o indirectamente, en recursos gubernamentales, personal oficial, estructuras administrativas o mecanismos de presión sobre servidores públicos, el problema deja de ser exclusivamente político para convertirse en una cuestión jurídica. El artículo 134 de la Constitución no fue concebido para restringir la actividad política, sino para impedir que el poder público se utilice en beneficio de intereses partidistas o personales.
La historia ofrece innumerables ejemplos de cómo los gobiernos, independientemente de su signo ideológico, terminan confundiendo el respaldo popular con una autorización para flexibilizar las reglas. Sin embargo, la fortaleza de una democracia no se mide por la capacidad de movilizar multitudes, sino por la disposición de sus gobernantes para sujetarse a los límites que la Constitución les impone.
El contexto internacional vuelve aún más relevante esta reflexión. En momentos de tensión diplomática, investigaciones transnacionales o cuestionamientos provenientes del extranjero, es natural que los gobiernos apelen a discursos de soberanía nacional. La defensa de la independencia del país es una responsabilidad legítima del Estado. Lo preocupante surge cuando la narrativa política pretende desplazar o minimizar los procesos jurídicos que deben desarrollarse conforme a la ley, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras.
La soberanía no significa inmunidad frente a la justicia. Tampoco puede convertirse en un argumento para sustituir la discusión jurídica por la movilización política. En un Estado de derecho, las responsabilidades se determinan en tribunales, mediante pruebas y procedimientos legales, no en plazas públicas ni a través de demostraciones de fuerza política.
Es preciso que tengamos presente que las mayorías pueden gobernar, pero no pueden sustituir a las instituciones. Cuando la política invade los espacios reservados al derecho, el problema no es quién gana una discusión coyuntural. Lo que está en juego es algo mucho más valioso: la confianza de los ciudadanos en que las reglas son iguales para todos y que el poder, por grande que sea, sigue teniendo límites.
Senadora de la República
