Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica: evolución de una política pública preventiva
Por Eva María López Valerio
La justicia cívica en México surge como una respuesta institucional a la necesidad de fortalecer la convivencia social y prevenir la escalada de conflictos comunitarios. Su desarrollo ha estado vinculado a la búsqueda de mecanismos que permitan resolver de manera ágil y pacífica las controversias cotidianas, evitando que éstas evolucionen hacia conductas delictivas o problemas de mayor impacto social.
Un antecedente fundamental se encuentra en los Diálogos por la Justicia Cotidiana, impulsados a partir de la solicitud realizada el 27 de noviembre de 2014 por el entonces Presidente de la República al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), con el propósito de construir propuestas que garantizaran un mejor acceso a la justicia. En estos diálogos participaron más de 200 representantes de diversos sectores, incluyendo académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, abogados y autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes durante varios meses analizaron los principales desafíos relacionados con la justicia cotidiana y formularon alternativas de solución.
El mandato para los representantes de todos los sectores fue construir juntos soluciones para los problemas que afectan más frecuentemente a los ciudadanos en materia de justicia cotidiana.
Como resultado de este proceso, en 2016 el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó el Acuerdo 06/XL/16 para la elaboración del Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México, responsabilidad que fue encomendada a la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Posteriormente, el 30 de agosto de 2017, dicho modelo fue formalmente aprobado mediante el Acuerdo 14/XLII/17.
De manera paralela, el 5 de febrero de 2017 se reformó el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporando la fracción XXIX-X, mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Justicia Cívica e Itinerante. Este cambio constitucional fortaleció el marco jurídico para la consolidación de un sistema de justicia cívica con alcances nacionales.
La construcción del modelo homologado se realizó desde una perspectiva municipalista, considerando las distintas realidades locales y los diversos esquemas de operación de los juzgados cívicos existentes en el país. Este enfoque permitió integrar experiencias y necesidades específicas de los municipios, reconociendo que la atención de los conflictos comunitarios requiere soluciones adaptadas a cada contexto.
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en julio de 2019 mediante el Acuerdo 03/XLIV/19. Su objetivo central consiste en fortalecer a las policías municipales y estatales, así como mejorar la articulación entre estas corporaciones, la Guardia Nacional y las Procuradurías o Fiscalías Generales, con la finalidad de prevenir el delito, fortalecer su investigación, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública.
La relevancia de este modelo radica en su visión preventiva. La justicia cívica busca atender oportunamente los problemas menores y las faltas administrativas mediante procedimientos ágiles que privilegian la solución pacífica de los conflictos. Este enfoque pretende evitar que situaciones cotidianas escalen hacia conductas delictivas, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura de la legalidad y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Asimismo, durante los trabajos de la Comisión de Justicia Cívica celebrados en septiembre de 2019, se identificó la necesidad de contar con una legislación que homologara las prácticas de justicia cívica y los catálogos de faltas administrativas en todo el país, reconociendo la importancia de establecer criterios comunes que favorezcan una implementación uniforme y eficaz.
En consecuencia, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica representa la evolución de una política pública orientada a fortalecer la prevención, la proximidad policial y la resolución temprana de conflictos, consolidándose como una herramienta para mejorar la seguridad pública y promover una convivencia social basada en la legalidad y la participación ciudadana.
