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Modelo Homologado de Justicia Cívica: una nueva visión para la convivencia ciudadana

Por: Eva María López Valerio

El Modelo Homologado de Justicia Cívica (MHJC) forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, surge como una herramienta orientada al fortalecimiento de las policías municipales y estatales, mediante la coordinación con las distintas corporaciones de seguridad, la implementación de mecanismos que promuevan la cultura de la legalidad y la prevención del delito. Más que un esquema sancionador, constituye un instrumento de buen gobierno que busca atender las problemáticas sociales desde una perspectiva preventiva y restaurativa.
Este modelo parte de las realidades sociales de cada comunidad, propone una transformación en la manera de atender las faltas administrativas, así como las conductas antisociales. Su objetivo es transitar de un sistema basado únicamente en sanciones punitivas hacia uno que privilegie medidas reestructurativas y acciones en favor de la comunidad. De esta forma, las personas infractoras tienen la oportunidad de reconocer el daño social causado, para contribuir a su reparación mediante actividades que favorezcan el bienestar colectivo.
La implementación del MHJC requiere la participación activa de instituciones educativas públicas, privadas, asociaciones civiles, colectivos y organismos gubernamentales comprometidos con la construcción de una cultura de paz. Bajo esta visión, el juzgado cívico se convierte en el eje articulador de diversos actores que intervienen en la atención de conflictos comunitarios, facilitando mecanismos que permitan mejorar la convivencia y fortalecer el tejido social.
En Zacatecas, la implementación del modelo se ha desarrollado de manera gradual. En una primera etapa se incorporaron dieciséis municipios, mientras que una segunda fase contempla diez municipios adicionales que actualmente se encuentran en proceso de implementación. Este esfuerzo busca consolidar un sistema de justicia cívica adaptado a las condiciones y necesidades específicas de cada región.
Para lograr su adecuada implementación, el modelo contempla diversos componentes estratégicos. El primero es la elaboración de un diagnóstico general que permita conocer la situación de seguridad pública y la percepción ciudadana en cada municipio, identificando las infracciones más recurrentes, las sanciones aplicadas y los mecanismos utilizados para la atención de conflictos comunitarios. Esta información resulta fundamental para establecer las condiciones necesarias para la adopción gradual del modelo.
Un segundo componente corresponde a la adecuación del marco normativo municipal. Para ello, se promueve el análisis comparativo de la normatividad vigente y la incorporación de instrumentos jurídicos que permitan armonizar la operación de la justicia cívica, entre ellos reglamentos especializados, manuales de organización y procedimientos, catálogos de faltas administrativas y sanciones, protocolos de audiencias y convenios de colaboración institucional.
La profesionalización de los operadores constituye otro de los pilares del modelo. A través del Servicio Profesional de Carrera, se busca garantizar que los actores que integran el Sistema de Justicia Cívica cuenten con el perfil adecuado y reciban capacitación en temas como sensibilización, mediación comunitaria y justicia cívica, fortaleciendo así sus capacidades para la atención efectiva de los conflictos.
Asimismo, el MHJC contempla la adecuación progresiva de infraestructura para habilitar espacios destinados a salas de audiencias, mediación, atención médica y psicológica, áreas de detención y mecanismos de canalización hacia medidas que favorezcan la convivencia ciudadana. Complementariamente, se requiere dotar a estas instancias de mobiliario, equipo tecnológico, sistemas informáticos y herramientas que permitan una operación eficiente y transparente.
Finalmente, el modelo incorpora procesos de monitoreo, evaluación y difusión que permiten medir el desempeño institucional, de igual manera el impacto de las acciones implementadas. Estas herramientas facilitan la mejora continua del sistema y contribuyen a que la ciudadanía conozca los beneficios derivados de la Justicia Cívica.
El Modelo Homologado de Justicia Cívica representa una alternativa innovadora para fortalecer la gobernanza municipal y promover la solución pacífica de conflictos. Su implementación no sólo contribuye a mejorar la seguridad y la convivencia social, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y fomenta una cultura basada en la legalidad, la corresponsabilidad y la construcción de paz.