¿Y dónde está el dinero del Segundo Piso?
Por: Claudia Anaya Mota
La cancelación del Segundo Piso en Zacatecas abrió un nuevo episodio en una discusión que nunca debió centrarse únicamente en la viabilidad de la obra, sino en algo mucho más importante: el destino de los recursos públicos. Hoy, mientras desde el gobierno se aseguró en días recientes que el dinero será redirigido a otras necesidades prioritarias, la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿de cuánto dinero estamos hablando y dónde está exactamente?
La discusión no puede limitarse a celebrar que los recursos se invertirán en educación, salud, seguridad, agua potable o caminos. Nadie podría oponerse a ello. Lo verdaderamente preocupante es que antes de decidir el nuevo destino del dinero, aún existen demasiadas interrogantes sobre lo que ocurrió con los fondos originalmente asignados al proyecto.
Los datos disponibles muestran movimientos que exigen una explicación puntual. En enero de 2026, el fideicomiso del Segundo Piso reportaba recursos por 1,631 millones de pesos. Sin embargo, apenas tres meses después, al cierre de marzo, el saldo era de apenas 86 millones. Es decir, cerca del 95 por ciento de los recursos desaparecieron de la cuenta del fideicomiso en un periodo extraordinariamente corto y sin que existiera un anuncio público que explicara el movimiento.
En una democracia, el manejo del dinero público no puede convertirse en un acto de fe. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué cuentas recibieron esos recursos, en qué fechas fueron transferidos y bajo qué autorizaciones se realizaron las operaciones. Los fideicomisos públicos no son cajas negras ni espacios de discrecionalidad administrativa. Cada peso debe ser perfectamente rastreable.
A ello se suma otro asunto igualmente delicado: el anticipo de 547 millones de pesos entregado a la empresa constructora. Resulta difícil entender cómo una obra contratada bajo la modalidad de precio alzado —en la que el riesgo financiero corresponde al contratista y los pagos deben efectuarse conforme a trabajos concluidos— terminó recibiendo un anticipo equivalente al 15 por ciento del contrato. Más aún cuando la propia obra carecía de permisos municipales indispensables para su ejecución.
Este hecho trasciende cualquier debate político. Se trata de una cuestión de legalidad, de responsabilidad administrativa y, sobre todo, de protección del patrimonio de los zacatecanos.
Por si fuera poco, ahora se anuncia la intención de extinguir el fideicomiso. Sin embargo, existe un obstáculo jurídico evidente. El decreto que le dio origen establece que su extinción sólo puede ocurrir una vez concluida la obra o resueltos los asuntos derivados de ella. Ninguna de esas condiciones se cumple actualmente.
La empresa constructora HYCSA mantiene una demanda contra el Gobierno del Estado por más de 310 millones de pesos, más IVA, por concepto de daños y perjuicios. Se trata de un litigio que podría prolongarse durante años y cuyos efectos financieros aún son inciertos. Pretender extinguir el fideicomiso mientras el conflicto permanece abierto genera dudas legítimas sobre la solidez jurídica de la decisión. La cancelación no elimina la obligación de rendir cuentas. Al contrario, la vuelve más urgente.
La transparencia no consiste en anunciar buenas intenciones. Zacatecas necesita inversión pública, pero también necesita confianza. Y la confianza no se construye con discursos, sino con cuentas claras.
Antes de hablar de nuevas obras, primero debemos conocer qué ocurrió con los recursos existentes. Antes de extinguir fideicomisos, debe explicarse el fundamento legal. Antes de pedir respaldo ciudadano, debe ofrecerse información completa.
La ciudadanía debe tener claridad, porque el dinero público le pertenece, no a los gobiernos en turno y más, cuando miles de millones de pesos están involucrados, preguntar dónde están y cómo se utilizarán no es un acto de oposición. Es un ejercicio elemental de responsabilidad democrática, de transparencia y rendición de cuentas.
Senadora de la República
