DENUNCIAS Y LENTITUD EN LOS PROCESOS JUDICIALES

DENUNCIAS Y LENTITUD EN LOS PROCESOS JUDICIALES
Por: Isadora Santivañez Ríos
El sistema de justicia penal es muy lento y burocrático, la revictimización resulta ser una constante que afecta en gran medida a quienes acuden a presentar una denuncia, inhibe incluso el seguimiento de las mismas por parte de quienes de primer momento se ven en la necesidad de buscar justicia.
El sistema acusatorio, instaurado con la reforma constitucional de 2008, buscaba transparencia, oralidad y respeto a los derechos humanos; sin embargo, la implementación ha sido desigual mientras en algunos estados se han consolidado prácticas más abiertas, en otros persisten inercias del viejo sistema inquisitivo, retrógrada y sin ningún tipo de perspectiva.
La brecha entre lo que la ley promete y lo que ocurre en la práctica genera desconfianza ciudadana porque nuestro sistema pareciera estar hecho para proteger a los delincuentes más que a las víctimas, todo está generado para que nadie vaya a la cárcel.
Entre las suspensiones de pena, los procedimientos abreviados, los beneficios pre-liberacionales, la dificultad para judicializar una carpeta, la revictimización en el proceso de denuncia, la dificultad para la formulación de imputación y las decisiones unilaterales de los jueces, el acceso a la justicia resulta extremadamente complicado.
El sistema de justicia penal en México se encuentra atrapado en una paradoja: mientras la reforma constitucional de 2008 instauró un modelo acusatorio que prometía transparencia, oralidad y respeto a los derechos humanos, la práctica cotidiana revela un entramado de corrupción, desigualdad y desconfianza ciudadana.
La transición del viejo sistema inquisitivo hacia uno acusatorio no ha sido homogénea. Por eso fue tan fácil para este gobierno de la Cuarta Transformación desaparecer al poder judicial, por la animadversión que ya imperaba entre la ciudadanía respecto a este tan anticuado y lento poder que más que impartir justicia, protege a los delincuentes.
En algunos estados se han consolidado avances, pero en muchos otros persisten inercias burocráticas y resistencias institucionales. El resultado es un sistema fragmentado, incapaz de garantizar justicia efectiva y que perpetúa la impunidad: más del 90% de los delitos no llegan a sentencia.
La crítica más severa recae en la desigualdad estructural. Mientras los sectores con recursos acceden a defensas eficaces, las poblaciones vulnerables enfrentan un aparato judicial que las criminaliza selectivamente y las revictimiza. La defensoría pública, lejos de ser un contrapeso, suele carecer de personal y capacitación suficiente.
A ello se suma la politización de la justicia penal que se acrecentó aún más con la nueva reforma al poder judicial propuesta por la Presidenta de la República en la que literalmente, se tiene que hacer política y campañas electorales para acceder a estos cargos.