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¿Quién cuida a los ciudadanos cuando falla la policía?

Por Claudia Anaya Mota

El pasado 21 de octubre fueron detenidos los directores de Seguridad Pública de Río Grande y Mómax, investigados por delitos de distinta naturaleza. En el primer caso, por presunto secuestro agravado y extorsión contra productores ganaderos; en el segundo, por probable facilitación delictiva. A estas detenciones se suma la del entonces director de Seguridad Pública de Juchipila, ocurrida en agosto, por su probable participación en delitos de secuestro.
Sin prejuzgar responsabilidades que corresponde determinar a los tribunales, estos acontecimientos obligan a formular preguntas incómodas: ¿quién supervisa a quienes tienen bajo su responsabilidad la seguridad de nuestros municipios? ¿Qué mecanismos permiten identificar oportunamente conductas irregulares? ¿Cómo se selecciona a los mandos policiales y quién verifica que cumplan permanentemente con los requisitos para ejercer su función?
Un director de Seguridad Pública municipal tiene acceso a información sensible, conoce las capacidades operativas de su corporación, dispone de personal armado y participa en decisiones que pueden comprometer la seguridad de comunidades enteras. Cuando existen indicios de posibles vínculos criminales en esos niveles de responsabilidad, el problema trasciende la conducta individual y obliga a revisar los mecanismos institucionales de prevención y vigilancia.
MORENA ha concentrado buena parte de la discusión sobre seguridad en el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, gracias a su mayoría en el Congreso, se han depositado cada vez más responsabilidades en las instituciones federales, mientras la construcción de policías municipales profesionales, confiables y suficientes sigue siendo una tarea pendiente.
El Ejército no puede sustituir indefinidamente esa relación cotidiana entre ciudadanía y autoridad municipal. Los mecanismos de control existen. Tenemos evaluaciones de confianza, certificaciones, registros de personal y procedimientos para verificar las competencias profesionales de los elementos. Sin embargo, debemos preguntarnos si estos instrumentos funcionan como auténticos mecanismos de prevención o si terminan convirtiéndose en requisitos administrativos que se cumplen periódicamente sin garantizar una vigilancia efectiva.
Los datos nacionales también revelan desafíos. Al cierre de 2025, aproximadamente ocho de cada diez policías municipales contaban con el Certificado Único Policial, es decir, todavía existía una proporción importante de elementos sin esta acreditación integral de sus capacidades y requisitos profesionales.
¿Cuántos municipios cuentan con recursos suficientes para pagar salarios dignos? ¿Cuántos elementos tienen seguros de vida adecuados, protección para sus familias, capacitación permanente y oportunidades reales de desarrollo profesional? ¿Cuántos deben enfrentar a organizaciones criminales que disponen de recursos y armamento superiores a los de sus propias corporaciones? La precariedad laboral no justifica la corrupción ni la complicidad criminal, pero constituye una vulnerabilidad institucional que no podemos ignorar.
También debemos revisar las responsabilidades de los gobiernos municipales y estatales. La seguridad pública no puede limitarse a reaccionar cuando una investigación federal o estatal descubre presuntas conductas delictivas dentro de una corporación. Debe existir una supervisión constante, con responsabilidades claramente definidas y resultados verificables.
Zacatecas necesita policías que conozcan sus comunidades, que cuenten con la confianza de sus habitantes y que tengan las condiciones necesarias para cumplir con su responsabilidad sin quedar expuestos al abandono institucional ni a las presiones del crimen organizado, porque la seguridad, no se construye únicamente deteniendo delincuentes. También se construye fortaleciendo las instituciones que deben impedir que la delincuencia se apodere de nuestras calles y de nuestras corporaciones policiales.

Senadora de la Repùblica