MORENA desmantela a Estados y Municipios en materia de seguridad
Por: Claudia Anaya Mota
En México, la seguridad pública debe ser una responsabilidad compartida, en la que los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada para proteger a la ciudadanía. Sin embargo, las reformas recientes impulsadas por la mayoría de MORENA en el Congreso de la Unión, apuntan en la dirección contraria. En vez de construir un modelo cooperativo y eficaz, se ha optado por concentrar aún más el poder en el gobierno federal, debilitando con ello las capacidades locales y poniendo en riesgo la funcionalidad del federalismo.
Durante el periodo extraordinario del Senado, una de las reformas más alarmantes fue la modificación a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ella se establece la creación de una nueva oficina con atribuciones inéditas para fiscalizar y en su caso suspender, el uso de los fondos que los estados y municipios ejercen en materia de seguridad. Lo que a primera vista parece una medida de control, en realidad constituye un golpe directo a la autonomía local y una violación a los principios de legalidad y división de poderes.
Esta concentración de facultades no solo resulta excesiva, sino que también contraviene marcos legales ya establecidos. La fiscalización del uso de los recursos públicos está claramente definida en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y su ejecución corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. Al imponer nuevas condiciones para la entrega de recursos, MORENA está reescribiendo, de facto, el pacto federal que ha regido nuestra convivencia democrática.
Esta medida no sólo es injusta, sino también tramposa, porque al retirar el apoyo económico, se abre la puerta para que las fuerzas armadas y la Guardia Nacional ocupen el lugar de las policías estatales y municipales. Y si bien reconocemos la labor invaluable de las fuerzas armadas en contextos extraordinarios, no podemos permitir que esta colaboración se convierta en la norma, ni que la seguridad pública en México sea militarizada de manera permanente.
Las convenciones internacionales establecen que seguridad pública debe tener un carácter civil y que la participación de las fuerzas armadas en esta tarea, debe ser subordinada, fiscalizada, subsidiaria, complementaria, temporal y extraordinaria, no permanente y regular. Este principio está siendo erosionado día con día. Lo que vemos es una estrategia deliberada de debilitamiento institucional: desmontar las capacidades locales para justificar la intervención federal y consolidar el control desde el centro.
MORENA no solo está olvidando este principio, lo está pisoteando. Y con ello, está abriendo una ruta peligrosa, porque cuando se hayan desmantelado por completo las estructuras civiles, ¿quién podrá reconstruirlas? ¿Qué quedará del federalismo si a los estados no se les da ni recursos ni autonomía para garantizar la seguridad de su gente?
Zacatecas —como muchos otros estados— vive una emergencia de seguridad. Pero la solución no está en centralizar el poder ni en sustituir a las instituciones civiles, sino en fortalecerlas. Lo contrario es apostar al fracaso, al sometimiento y a la militarización sin retorno.
Senadora de la República
