Seguridad y salud, las prioridades para Zacatecas
Claudia Anaya*
Este 1 de febrero dio inicio, en el Congreso de la Unión, el segundo periodo del segundo año de ejercicio legislativo. En este contexto, el Senado de la República —como garante del federalismo— adquiere una relevancia especial frente a la coyuntura actual, marcada por el debilitamiento de la división de poderes. Hoy más que nunca, resulta indispensable fijar posturas claras en defensa de la democracia, la pluralidad y las libertades, así como ejercer una crítica responsable y propositiva que permita construir un presente y un futuro sin conflictos.
En los últimos años, sin embargo, hemos sido testigos de actitudes reiteradas por parte de MORENA y sus aliados, orientadas a minimizar y denostar las voces disidentes que señalan errores evidentes en la conducción del país. Estas decisiones, lejos de fortalecer la vida pública, han impactado negativamente en la calidad de vida de las y los mexicanos. En Zacatecas, lo estamos padeciendo con especial crudeza.
El flagelo de la inseguridad continúa lastimando a todo el estado, con una incidencia particularmente grave en la zona sur. A la fecha, ni las fuerzas federales ni las estatales han logrado desmantelar por completo la estructura criminal que opera en la región. Desde el Senado de la República he participado —y seguiré haciéndolo— en las discusiones y reformas constitucionales y de leyes secundarias necesarias para dotar al Estado de herramientas normativas eficaces que garanticen la seguridad de la población. Esto, pese a discursos triunfalistas que califican a Zacatecas como “el estado más seguro”, una afirmación que contrasta dolorosamente con la realidad cotidiana que enfrentan muchas familias.
A esta problemática se suma el centralismo político y administrativo impulsado por las mayorías en el poder, que ha lacerado y debilitado a los estados. Las consecuencias son evidentes: deficiencias graves en la atención de rubros fundamentales para la población. Uno de los ejemplos más sensibles es la política de salud. En Zacatecas no solo enfrentamos la escasez de medicamentos, sino también conflictos laborales derivados de una reforma mal diseñada, que ha generado falta de insumos, materiales básicos y conflictos laborales
El fracaso del INSABI y la implementación deficiente del nuevo esquema del IMSS-Bienestar no han resuelto los pendientes; por el contrario, han generado mayor incertidumbre laboral entre el personal de salud. A ello se suma la negativa del Gobierno del Estado a asumir el pago correspondiente, pese a las obligaciones adquiridas al firmar el convenio de colaboración con la Federación y sumarse al esquema IMSS – Bienestar.
Es cierto: Formo parte de una minoría legislativa y aunque contamos con argumentos sólidos para señalar las deficiencias de las decisiones tomadas por las fuerzas políticas dominantes, y hemos propuesto rutas de solución, al momento de votar en el pleno no alcanzan los votos. Se impone entonces la lógica de la mayoría: decisiones exprés, sin análisis profundo y sin evaluar las consecuencias, que terminan afectando, paradójicamente, a quienes dicen proteger.
Nada de esto merma mi motivación ni mi compromiso. Por el contrario, me impulsa a mantenerme cercana y atenta a los comentarios, inquietudes y propuestas de la ciudadanía. Un ejemplo claro es el sector campesino de Zacatecas. Gracias a la confianza de quienes se acercaron para plantear modificaciones a la Ley de Aguas, y mediante la combinación de su legítima presión en las calles y mi voz como su megáfono en el Senado, logramos frenar artículos que atentaban contra el campo, sus trabajadores y la seguridad alimentaria.
Estoy convencida de que una ciudadanía informada y vigilante, acompañada de representantes que escuchen y defiendan genuinamente sus intereses, puede frenar la aplanadora legislativa que hoy amenaza la pluralidad política de Zacatecas y del país. La participación y la exigencia ciudadana siguen siendo la mejor defensa de nuestra democracia.
*Senadora
