Zacatecas y el misterio de los 1,546 millones
Por Claudia Anaya Mota
La cancelación del llamado “Segundo Piso” en Zacatecas fue presentada como una victoria ciudadana frente a un proyecto repudiado socialmente. Sin embargo, el verdadero problema apenas comienza: el destino de los recursos públicos que se concentraron durante años para financiar esa obra sigue sin aclararse plenamente. Y cuando el dinero desaparece de las cuentas públicas sin una explicación contundente, lo que desaparece también es la confianza de la ciudadanía.
Los informes financieros publicados por SEFIN, revelan un dato alarmante: el fideicomiso creado para el viaducto elevado prácticamente se está quedando sin recursos. De tener más de mil 631 millones de pesos en diciembre de 2025, pasó a registrar apenas 85.9 millones en el primer trimestre de 2026. La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrió con los mil 546 millones de pesos restantes?
El origen de esos recursos también merece atención. Desde 2022, el Gobierno del Estado creó un Fondo de Inversión Pública Productiva mediante el cual comenzó a concentrar subejercicios presupuestales e ingresos excedentes de los entes públicos estatales. Es decir, mientras la ciudadanía esperaba obras, programas y acciones aprobadas en el presupuesto, parte de ese dinero no se ejercía y regresaba a la Secretaría de Finanzas para alimentar un “guardadito” destinado al proyecto del viaducto elevado.
En 2023 se formalizó el fideicomiso denominado “Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec”, mecanismo financiero con el que lograron reunir alrededor de 2 mil 100 millones de pesos. El objetivo era continuar subejercitando recursos hasta alcanzar los 3 mil 654 millones que costaría la obra.
El cuestionamiento no solo recae en la acumulación de recursos. También en la manera en que comenzaron a utilizarse. De acuerdo con la información disponible, al contratista se le entregaron más de 500 millones de pesos como anticipo, pese a que la obra estaba contratada bajo el esquema “a mano alzada”. Bajo esa modalidad, el constructor debía realizar la inversión inicial y posteriormente recibir el pago correspondiente. Por ello, la entrega anticipada de recursos resulta, por lo menos, profundamente cuestionable.
La movilización social logró detener el proyecto, pero no ha conseguido todavía respuestas claras sobre el manejo del dinero. Existen notas periodísticas que señalan que continúa un litigio legal con la empresa constructora, y ojalá así sea, particularmente si el propósito es recuperar el anticipo entregado. No obstante, eso no explica el destino de los más de mil 546 millones de pesos que desaparecieron de las cuentas del fideicomiso en apenas unos meses.
Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente política y social. Porque mientras Zacatecas enfrenta carencias en salud, rezagos en infraestructura y un campo debilitado, miles de millones de pesos fueron inmovilizados durante años para una obra que nunca se concretó. Y ahora que el proyecto fue cancelado, la ciudadanía tiene derecho a saber exactamente dónde quedó cada peso.
La exigencia no debería reducirse a una disputa partidista ni a un intercambio de declaraciones. Se trata de transparencia y rendición de cuentas. ¿El constructor devolvió ya el anticipo? ¿Quién autorizó los movimientos financieros del fideicomiso? ¿En qué se utilizaron los mil 546 millones faltantes? ¿Se reintegrarán esos recursos para atender necesidades urgentes del estado, como el fortalecimiento de los servicios de salud o programas de apoyo al campo zacatecano?
El gobierno del estado, se escuda en un amparo del cual, no proporciona el número del mismo ni mayores datos. Las y los ciudadanos no pueden conformarse con respuestas ambiguas. Cuando el dinero público cambia de destino sin claridad, la obligación del gobierno es explicar, documentar y transparentar. Porque los recursos del estado no pertenecen a ningún proyecto político ni a ningún funcionario: pertenecen a la sociedad zacatecana.
Senadora de la República
