La sororidad también es una responsabilidad política
Por: Claudia Anaya Mota
A las mujeres nos ha costado generaciones conquistar espacios de participación política. Nada nos ha sido regalado. Cada derecho reconocido, cada reforma aprobada y cada espacio ganado en la toma de decisiones, es resultado de décadas de lucha de mujeres que se atrevieron a desafiar las reglas de una sociedad que durante mucho tiempo, consideró que la política era territorio exclusivo de los hombres.
Por eso, resulta preocupante que, aun con todos los avances alcanzados, sigamos reproduciendo prácticas que descalifican a las mujeres desde los prejuicios, los estereotipos y los juicios sobre su vida personal. Más preocupante aun, es cuando estas conductas encuentran eco entre quienes conocen, de primera mano, las dificultades que enfrentamos para abrirnos paso en la vida pública.
Durante décadas hemos tenido que demostrar el doble para obtener la mitad del reconocimiento. A los hombres se les suele evaluar por sus decisiones, su trayectoria o sus resultados. A las mujeres, en cambio, todavía se nos cuestiona por nuestra apariencia, nuestra edad, nuestra manera de vestir, nuestras relaciones personales, nuestra vida familiar y hasta por nuestro carácter.
Si somos firmes, nos llaman autoritarias. Si somos sensibles, nos consideran débiles. Si ejercemos liderazgo, nos califican de ambiciosas. Si conciliamos, ponen en duda nuestra capacidad. Y si cometemos un error, pareciera que no se juzga solamente a una persona, sino a todas las mujeres que aspiramos a ejercer responsabilidades públicas.
Esa doble exigencia es precisamente una de las razones por las que hemos impulsado reformas para garantizar la igualdad sustantiva, la paridad de género y las acciones afirmativas que permitan corregir desigualdades históricas.
Las cuotas de género, la paridad constitucional y los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política, no surgieron como concesiones generosas del poder. Son conquistas democráticas que buscan desmontar obstáculos que durante generaciones impidieron a las mujeres participar en igualdad de condiciones.
Sin embargo, no basta con ocupar la mitad de los espacios si seguimos reproduciendo las mismas prácticas que históricamente nos excluyeron de ellos y un ejemplo de ello, es ser violentada y señalada por otra mujer.
Aquí quiero detenerme en una palabra que con frecuencia pronunciamos, pero que no siempre llevamos a la práctica: sororidad. La sororidad no significa complicidad, encubrimiento ni obediencia. Tampoco implica que las mujeres debamos respaldarnos incondicionalmente por el simple hecho de ser mujeres. Podemos disentir, confrontar argumentos, cuestionar decisiones y exigir responsabilidades. La democracia necesita del debate y de la crítica.
Pero una cosa es combatir ideas y otra muy distinta es utilizar la condición de mujer, la intimidad o los estereotipos de género como instrumentos de descalificación.
Podemos ser adversarias políticas sin convertirnos en reproductoras de la violencia que tanto trabajo nos ha costado combatir. La sororidad exige reconocer que, cuando se normaliza la humillación de una mujer por razones de género, se abre la puerta para que mañana esa misma práctica se ejerza contra cualquier otra, sin importar su militancia, trayectoria o responsabilidad pública.
Hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos enormes desafíos por delante. La igualdad sustantiva no se alcanzará únicamente mediante reformas legales; también requiere una transformación profunda de nuestra cultura política. Necesitamos más mujeres participando, pero también necesitamos una política en la que ninguna tenga que soportar humillaciones, prejuicios o ataques personales como precio por ejercer sus derechos.
Las mujeres no tenemos que pensar igual para respetarnos, ni pertenecer al mismo partido para defender nuestros derechos, porque abrir camino para una mujer debe significar, también, que ninguna otra tenga que recorrerlo entre las mismas violencias que nosotras hemos combatido.
Senadora de la Repùblica
