A PROPÓSITO DEL DÍA DE NIÑO… LOS NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES.
Nubia Barrios
Las autoridades mexicanas deben adoptar medidas especiales para garantizar los derechos de niñas y niños migrantes, sea acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros o repatriados que se encuentra contemplado en la Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en el artículo 92 que señala sobre las garantías al debido proceso de este sector, entre otras cosas, deben estar informados sobre sus derechos, deben ser escuchados y participar en las diferentes etapas procesales, deben ser asistidos por una persona traductora, deben tener un abogado y el acceso efectivo de asistencia social.
No hay forma de que las autoridades migratorias y en general del Estado rindan cuentas sino es a través de la transparencia y el acceso a la información pública.
Gracias a este derecho humano la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado en su conjunto pueden conocer con precisión el número de personas migrantes que tienen acceso a servicios básicos como educación, atención médica o apoyo psicológico.
Mediante la transparencia, se puede conocer la asignación de recursos que el Estado destina para planificar la atención a las necesidades básicas de esta población y garantizar que existan los servicios disponibles para atender la crisis humanitaria que se manifiesta a través de caravanas humanas que deben ser protegidas por los diversos gobiernos que son el motivo por los que usualmente emigran.
A través de la transparencia y el conocimiento de estos datos que señalo, se puede prevenir el tráfico de personas, ya que facilita la identificación de posibles casos de explotación y abuso sobre todo en niños y niñas, que son el sector más vulnerable en este sentido, además de las mujeres, por ejemplo, recientemente el caso de Tamaulipas con 31 personas migrantes secuestradas, esos casos de niñas y niños que son una población de tierra fértil para los cárteles por el estado de indefensión en el que se encuentran.
Las políticas públicas requieren conocer estos datos en la materia para saber la efectividad de las políticas migratorias y proyectar nuevas en caso de ser necesario.
La transparencia en las cifras es fundamental para garantizar la protección de estos niños y niñas, asignar recursos de manera efectiva, prevenir el tráfico de personas y facilitar su integración, contribuyendo a una toma de decisiones más acertada.
