LA INSUMISA
Por: Laiza Rocha Luna
Panteón de expedientes, donde descansan los derechos.
La dilación judicial es una de las desigualdades que enfrentan las mujeres actualmente, la capacidad humana para atender los innumerables juicios que las madres inician a fin de que los derechos de sus hijos sean válidos es una realidad poco atendida y medianamente conocida en la sociedad en general. Todas las mujeres que inician un juicio a fin de solicitar guarda y custodia, convivencias y pensión alimenticia esperan encontrarse con un sistema que retribuye todas las desigualdades estructurales que enfrentan cotidianamente por ser madres autónomas pero no es así.
Cuando una demanda de pensión alimenticia inicia lo primero que buscan las madres en representación de sus hijos es que el padre -deudor alimentario- cumpla con su obligación alimentaria de manera cabal y conforme a lo que el juez señala, ya sea por porcentaje de acuerdo a sus percepciones o por cantidad, no obstante, muchas veces no es tan rápido como se cree. Las limitaciones que tienen los jueces familiares son muchas cuando se trata de obligar al deudor alimentario a fin de que cumpla su obligación alimentaria, pues únicamente se pueden hacer requerimientos y multas de inicio, pocas veces admiten una ejecución forzosa porque no es tiempo.
El juicio inicia y la madre espera el -deber ser-, que sería priorizar el bienestar de los menores, no únicamente desde el aspecto económico sino también su estabilidad psicológica, pero las desigualdades y la injusticia se hacen presentes. El largo camino de esperar informes, fechas para audiencias de testigos y los acuerdos para escritos simples pueden tardar años, las infancias crecen con un sistema obsoleto que no ha velado por sus intereses dejándolos desprotegidos a ellos y a sus progenitores con pendiente menos.
El sistema judicial debe ser más impaciente y tajante cuando se trata de los derechos de nuestras infancias, ser firme y no tolerar el menoscabo a sus derechos, atender las necesidades de los menores debe ser prioridad para una autoridad judicial garantizando su bienestar y su sano desarrollo. La lentitud de los juicios no protege a las niñas, niños y adolescentes, convirtiendo a la misma autoridad en cómplice de la violencia económica y patrimonial de las madres autónomas.
Es fundamental priorizar la estabilidad de los menores, la autoridad judicial debe tener la primicia en garantizar sus derechos, vigilarlos y protegerlos a fin de que las madres autónomas retomen la confianza en las instituciones. Las reformas y políticas públicas en materia familiar deben prevalecer en la agenda política con el propósito de agudizar las faltas del cumplimiento de una pensión alimenticia, así como extender las capacidades de los jueces para que el cumplimiento del pago de una pensión alimenticia se realice sin necesidad de esperar un informe o alguna otra prueba que dilate el ejercicio de este derecho.
La cuestión también es que, en los casos en donde hay demoras judiciales por la misma naturaleza del proceso, ¿cuál es la responsabilidad institucional y del Estado, qué políticas, leyes o protocolos se implementan para proteger y acompañar a las madres autónomas que enfrentan estos procesos solas?, ¿cómo sostienen a las madres autónomas y a sus hijos para evitar la revictimización y las desigualdades procesales?.
Y aquí yace la justicia pronta y expedita. RIP.
