UN VERDADERO PACTO PARA RECONSTRUIR MEXICO
Saúl Monreal Ávila
La realidad nacional que los mexicanos vivimos actualmente es una especie de tragicomedia sobre el origen del Estado, cuando una comunidad de productores primitivos, en época de las cavernas, es ocupada por una banda de bandidos y ésta comienza a extraer renta, o cobrar impuestos con base en una ventaja fundada en la violencia a cambio de proteger a la comunidad de otros bandidos, la comunidad decide pagar a los bandidos que tienen en su poder el monopolio de la violencia, y que también se apropian de una buena tajada de la renta colectiva.
Esta misma realidad bipolar que sufre nuestro país, de comedia sobre bandidos buenos y bandidos malos, nos obliga a reconsiderar la razón por la cual pagamos impuestos y confiamos en un Estado que no respeta el contrato social que le toca cumplir, según el concepto acuñado desde el siglo XVII por Tomas Hobbes en su clásico Leviatán. Cuando una sociedad llega al contrato social supone el fin del estado de la naturaleza, del salvajismo, donde “cada hombre es enemigo de cada hombre” y donde “los hombres viven sin otra seguridad que sus propias fuerzas”, es decir, el surgimiento de un acuerdo, un pacto, es lo que en la práctica eleva al hombre desde un nivel bestial. Desde el Homo homini lupus, de Hobbes, hasta el Adán de la capilla Sixtina de Miguel Ángel, solo hay un acuerdo de distancia.
En la era moderna, ha destacado el impacto ideológico y social que representaron en la comunidad internacional en la década de los 70´s los pactos de la Moncloa, en España, básicamente fueron dos acuerdos, el acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y el acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política, firmados en el palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 de octubre de 1977, comprometiéndose con estos el congreso de los diputados dos días después, y el senado el 11 de noviembre, entre el gobierno de España de la legislatura constituyente, presidido por el primer presidente electo democráticamente después de la dictadura franquista, Adolfo Suárez; los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el congreso de los diputados, con el apoyo de las asociaciones empresariales y el sindicato comisiones obreras, y tiempo después, la unión general de trabajadores, con el objetivo de procurar la estabilización del proceso de transición de la dictadura al sistema democrático, así como aplicar una política económica que contuviera la violenta crisis económica que se vivió en la España de este periodo.
Punto y aparte ha sido lo que se ha vivido actualmente en nuestro país, donde las Reformas Estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto son consecuencia del anacrónico modelo económico llamado Neoliberalismo que en México se impulsa desde finales la década de los 70´s y principios de los 80´s. El régimen priista se está quedando solo con el estandarte de esta atrasada ideología económica, y donde la existencia de una Constitución que imponía una economía mixta –parte de ella en manos del Estado y parte en manos privadas- impedía la implementación de este modelo, por lo que se mutilo para establecer las condiciones de implementarlo, impulsando posteriormente el mal llamado "Pacto por México" entre el PRD, el PAN y el PRI en el Congreso de la Unión y el Gobierno Federal, simulación de pacto social para la aprobación en los congresos, donde no intervinieron los afectados, solo los partidos políticos con intereses particulares en la implementación de las once propuestas de Reformas Estructurales que finalmente se aprobaron.
Evidentemente este pacto cae por su propio peso ante su ilegitimidad al ser impuesto solamente por fuerzas políticas en el poder, pacto al que solo un sector en el espectro político nacional se opuso encabezado por Andrés Manuel López Obrador: la izquierda no ligada al PRD, signante de esta simulación de pacto, PRD que dejó de ser de izquierda desde hace mucho tiempo. Las Reformas Estructurales –letra chiquita, pero causa del contrato que firmaron nuestros Senadores, Diputados y Gobierno Federal sin consultar al Pueblo- supuestamente estarían diseñadas para ofrecer resultados en el mediano y largo plazo y su éxito, visible tal vez en 15, 20 ó 30 años si no hubieran cambiado los contextos nacionales e internacionales, ni se tocara el TLC, ni llegara un régimen con otra visión a la presidencia de los Estados Unidos, es decir, beneficios inalcanzables e irreales, una mentira absoluta.
La aplicación de las medidas contenidas en la reforma energética a partir de inicio de este 2017, con los aumentos obvios de los combustibles, no previó la reacción social, obligando al régimen a medidas emergentes, donde surge el improvisado y apresurado "Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar", que nadie creyó, al que organizaciones del nivel de COPARMEX entre otras se negaron a signar, nadie puede creer en este régimen, el pacto social que legitima al Estado mexicano está roto, toda vez que el mal gobierno Priista, investido como Estado, no ha cumplido su parte del acuerdo dentro del pacto social.
Y esa ruptura es la misma que genera un clima de desestabilización e ingobernabilidad que podría llevar a una guerra civil en el futuro próximo como un intento desesperado de la población por restablecer el orden perdido, al mismo tiempo que los grupos de poder mueven sus fichas para generar un reacomodo de fuerzas al interior del gobierno y seguir manteniendo el control. Si las instituciones del Estado son incapaces de resolver los problemas para los cuales fueron creadas, no tiene caso obedecerlas. Y si la vía institucional para resolver los problemas ha dejado de ser factible, la inconformidad se ve en la necesidad que buscar otras vías para resolver sus problemas, incluyendo las armas. De ahí el riesgo de que un conflicto armado formal con todas sus imprevisibles consecuencias pueda estallar en el futuro inmediato si no existen mecanismos capaces de resolver la crisis.
Por eso, es indispensable en este momento histórico de nuestro país un nuevo Pacto Social y no llegar al caos, a la anarquía social donde nos está conduciendo este anquilosado régimen priista ilegitimo y corrupto. De ahí la importancia y la trascendencia histórica de la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador a militantes de todos los partidos, a integrantes de organizaciones sociales y a ciudadanos independientes a firmar un acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México, un verdadero acuerdo que restablezca el deshecho orden político y social. No existe en el escenario nacional otra opción real que restituya el andamiaje y el entramado para sostener el país, con la seriedad y el rigor técnico, político y social que un acuerdo de tal dimensión e importancia para reconstruir nuestra nación requiere, no en balde el régimen ha intentado desprestigiar a López Obrador y desmantelar el movimiento que se ha venido construyendo, movimiento social que a pesar de todo ello, se ha convertido ya en la primera opción política de cara a la transición que renovara todo el aparato gubernamental el próximo año.
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