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Elizabeth Mauricio González.
“TRAPITOS AL SOL”.
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga desde octubre de 2017 una presumida operación de Barreiro para ocultar el origen de los 54 millones de pesos supuestamente recibidos por el candidato de Por México al Frente, a cambio de la venta de una nave industrial en Querétaro, adquirida por la empresa Manhattan Master Plan Development.
Sin embargo fueron congeladas las cuentas de tres compañías de Manuel Barreiro Castañeda, empresario inmobiliario queretano señalado por una supuesta acción de lavado de dinero para hacer llegar 54 millones de pesos al candidato presidencial Ricardo Anaya, por lo que el empresario se dice ha promovido ya los respectivos amparos para impugnar el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Por otro lado también recordamos que en Enero de este año el Zacatecano Jorge Álvarez Máynez, diputado federal de MC, junto con el líder de ese partido en la capital del país, presentaron la denuncia penal ante la PGR contra Meade y Robles por participar en la transacción ilegal de recursos públicos mediante empresas fantasma, supuestamente  con el fin de ser desviados con el objetivo de financiar campañas electorales y el corporativismo electoral en comunidades como Milpa Alta, donde la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, busca una candidatura.
En la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Robles constó del 1 de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, y en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del 27 de agosto a la fecha. Según las tres auditorías ejecutadas por la ASF a dineros ejercitados en 2014 y 2015, parte de ese dinero fue transferido a Monex y a CI Banco, de donde se desperdigó a cuentas domiciliadas en diferentes países.
El desvío, en el caso de Sedesol, se hizo mediante  alquiler de Radio y Televisión de Hidalgo, convenio y contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015.
En tanto, el convenio y contratos realizados por la Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social fueron firmados en julio, septiembre y octubre de 2015. La ASF señaló en sus informes que el mecanismo para desviar los recursos consistió en que la Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con estas entidades con la intención de eludir los requisitos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para las contrataciones públicas.
Así nuestros políticos mexicanos, enlodados en la corrupción y sacándose sus trapitos al sol, y eso que no han empezado las campañas esperemos que tantas corruptelas más se sacan.

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