La autonomía judicial.
Por: Jenny González Arenas.
Estos días no hay otro tema de conversación que las elecciones en Estados Unidos, como en todos los temas, unos apoyan a un candidato y otros a otro, la realidad es que al resto del mundo nos preocupa lo que suceda en nuestro vecino país del norte porque sus decisiones de política exterior e interior, afectan a nuestro país de forma directa o indirecta, porque la gran cantidad de mexicanos en ese país.
Mas allá de una disertación sobre si es bueno o malo que gane uno u otro, llama la atención que las conductas sociales se han radicalizado, la población se polariza y adoptan conductas de confrontación que no se utilizaron, por ejemplo, en las elecciones pasadas de aquel país.
Por otro lado, un tema recurrente a partir de los primeros momentos en que se cierra el proceso electoral son las declaraciones de diversos actores políticos norteamericanos sobre la posibilidad de llevar la elección a los tribunales, si bien es cierto, existe esa posibilidad, lo que tenemos que analizar es hasta que punto, quien hasta ahora sigue siendo presidente de Estados Unidos, puede tener el control de la Suprema Corte de aquel país, para que la decisión de las votaciones recaiga sobre ellos y no en los votos emitidos.
No podemos olvidarnos que hace unos días la polémica se desató, precisamente por el nombramiento de una jueza conservadora como Magistrada de la Suprema Corte y que dicho nombramiento provocó una composición conservadora de dicho tribunal, por lo que no resulta extraño escuchar decir que se irá a los tribunales para anular o revisar la elección. El todavía presidente sabe, que lo que no ganó en las urnas, lo puede ganar en los tribunales.
Pero es aquí donde el Poder judicial tendrá que demostrar su verdadera autonomía. El relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia de Magistrados y Abogados ha señalado, en diversos foros e informes que los jueces y las cortes no deben ser utilizadas como mecanismos de presión política, porque eso violenta la democracia y las instituciones.
En este tenor, es necesario que tanto el poder ejecutivo, como el poder legislativo, mantengan una perfecta separación del poder judicial, dibujen de forma clara la línea que los separa y no conviertan a los tribunales en campos de batalla políticos, porque no solo se les estaría alejando de sus verdaderas funciones, sino que pierden credibilidad frente al pueblo.
Estas amenazas de involucrar al poder judicial para resolver asuntos meramente políticos no es exclusiva de Estados Unidos, también pasa en otros países de Centro y Sudamérica, o en Europa, lo que nos refiere un indicador de algún cambio que se puede estar gestando en materia de división de poderes, relacionado con la independencia judicial, porque si bien es cierto, en muchos países tenemos mecanismos de nombramiento de jueces de primera y segunda instancia que están relacionados con méritos, exámenes y otros procesos de selección, la designación de los Magistrados de Cortes Nacionales o de Ministros como el caso de México, depende, necesariamente, de la intervención de los otros dos poderes, lo que coarta la libertad judicial, en determinados conflictos que, siendo políticos se convierten en jurídicos y se llevan a grado de persecución.
No desatendamos pues las declaraciones relacionadas con quien y como pretenden que resuelva las elecciones en Estados Unidos, porque todo aquello que desconozca la votación mayoritaria en aquel país y sea resuelto por un tribunal, puede ser un atentado contra la democracia y eso es una amenaza latente no solo en aquel país, sino en todas partes del mundo.
