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Educación privada regresa a las aulas.
Por: Juan Carlos Girón Enriquez.
Como si ser dueños de sus escuelas les diera derecho a tomar sus propias decisiones en relación a la salud de sus alumnos y su personal, las escuelas privadas han tomado la decisión, ante el anuncio del semáforo amarillo, de regresar a las aulas.
Parece un juego perverso de poderes e intereses, por un lado, las personas dueños de los planteles educativos que no quieren perder más ganancias porque han bajado sus matrículas derivado de la pandemia así como se vieron obligados a hacer descuentos en sus colegiaturas porque los requerimientos no eran los mismos que en clases presenciales.
Por otro lado, la presión de padres y madres de familia que urgen de un lugar donde dejar a sus hijos, como si fuera guardería y no plantel educativo, mientras ellos realizan sus labores, ya sea en su centro de trabajo o en home office.
En otro lado encontramos a los maestros de esos centros educativos que, muchos de ellos no cuentan con seguridad social ni seguro médico y que se expondrán a contagios porque, para no perder su empleo con el ínfimo ingreso que ello pueda significar, tendrán que acceder a clases presenciales, sin omitir que muchos han sido obligados a seguir presentándose en sus centros de trabajo, porque los dueños de las escuelas no se podían dar el lujo de dejar que sus profesores hicieran el trabajo desde casa y prefirieron fiscalizarlos en el centro de trabajo, - o porque no quisieron pagarles el internet en su casa o equipos de computo a los maestros - , les salía más barato que siguieran asistiendo a la escuela a impartir clases virtuales.
Y en la última esquina tenemos a los alumnos que no tendrán las condiciones de salud que se requieren para un regreso seguro a clases, ya que por la edad difícilmente respetarán las normas de uso de cubre bocas o distanciamiento social o porque, simple y sencillamente la juventud se impone y la costumbre y necesidad de contacto social y la misma infraestructura de sus espacios educativos no permitirá que se lleven, de forma adecuada, las normas de distanciamiento social.
En este cuadrilátero no encontramos al Estado, porque pareciera no existir. No hay autoridad educativa ni sanitaria que obligue a los dueños de escuelas privadas a respetar los lineamientos y, a pesar de que la situación no está controlada, de que la población aún no está vacunada y que la amenaza del virus no ha desparecido, los intereses particulares se imponen a las políticas públicas y se deja a todo mundo que haga su voluntad porque cuando no hay cabeza, todos harán lo que a sus intereses convenga.
¿Habrá el Estado tomado las medidas necesarias para obligar a las empresas escolares a dar seguro de gastos médicos a su personal? O ¿habrá impuesto algún gravamen especial para dejarlos abrir y que las propias empresas asuman los costos en el sistema de salud que se de como consecuencia de su irresponsabilidad?
No creo que las respuesta a esas y otras muchas interrogantes sea afirmativa, porque de serlo, el costo - beneficio no representaría ganancia alguna y ninguna empresa escolar estaría pensando en regresar a las aulas presenciales.
Pero ante la falta de políticas claras de las autoridades sanitarias y escolares, enfrentamos la ley del más fuerte, que en este caso será el que cuente con el poder económico o quien, sin importarle la salud de nadie, tome sus decisiones sin que medie una estrategia clara, aprobada por las autoridades para prevenir los contagios, mientras todos vemos expectantes como la autoridad aquí no tiene voz ni voto y los particulares toman sus propias decisiones aún a cargo del erario público, porque tarde o temprano, esa irresponsabilidad la vamos a ver reflejada en las estadísticas y en el incremento de pacientes y no todos irán a pagar hospital privado. Eso se los puedo garantizar.