Digna Ochoa y Plácido.
Por: Jenny González Arenas
Con casos como estos recuerdo porque el Estado necesita de la existencia de los defensores de los Derechos Humanos, y por funcionarios como los que representaron al Estado Mexicano en la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos recuerdo porque la fé en los Estados se pierde en un pozo del cual no hay salida.
26 y 27 de abril se transmitió en lo canales acostumbrados de la CoIDH, la audiencia pública del Caso Familiares de Digna Ochoa y Plácido contra México. Una audiencia en la que tuvieron participación los representantes de la víctima, los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes del Estado Mexicano, se interrogaron peritos y los Jueces de la propia Corte IDH pudieron cuestionar a los representantes sobre los acontecimientos.
Académicamente es una experiencia importante el presenciar este tipo de audiencias y la pandemia nos ha permitido vivir más de cerca esta experiencia, tengo que reconocer que la única vez que tuve la oportunidad de asistir a un periodo ordinario de sesiones de la Corte no se trataron asuntos de México. La experiencia es totalmente diferente cuando el asunto que se discute es de nuestro país, porque los nombres, los datos, el actuar de las autoridades, todo te recuerda a una realidad palpable, de un México que sufre por la transgresión de sus derechos. Hechos que acontecieron hace ya 20 años, parecen ser un relato de una realidad actual, de algo que fácilmente pudo haber pasado ayer y, es desafortunado que, a veinte años de distancia, nada haya cambiado aún.
Digna Ochoa fue una activista, defensora de los derechos humanos, irónicamente, un asunto que ella comenzó a defender, llegaría a la Corte Interamericana y sería resuelto, antes que su propio caso (Cabrera García y Montiel Flores contra México). Digna Ochoa fue secuestrada, recibía amenazas, tuvo que salir de México para proteger su vida, solicito medidas provisionales a la Corte para que se le ordenara al Estado Mexicano proteger su vida, pero nada cambió, a grado tal que la abogada pierde la vida en donde fuera su lugar de trabajo a causa de las heridas provocadas por dos disparos de proyectil de arma de fuego.
La versión de la familia: la mató el Estado, porque fue incapaz de garantizar la vida y la seguridad de la abogada.
La versión del Estado: fue suicidio.
Por increíble que parezca, 20 años han pasado desde aquel incidente y el Estado sigue sosteniendo la versión del suicido. Siguen sosteniendo que la salud mental de la abogada la llevó a quitarse la vida, que se puso guantes de látex para quitarse la vida, que no saben si era zurda o no pero disparó el arma de fuego con la mano izquierda.
El expediente revela muchas cosas que, como mexicano, dan vergüenza. El Estado reconoce su incapacidad de manejar adecuadamente la escena de los hechos, reconoce no contar con la información suficiente para garantizar el derecho a la verdad de los familiares, reconoce que no se tomaron las medidas adecuadas para investigar de donde venían las amenazas en contra de Digna Ochoa. El Estado mexicano no tiene ni la voluntad ni la capacidad para reconocer que ha sido incapaz de garantizar los derechos y la vida de una activista, pero ella nos representa a todos. En algún momento, cualquiera de nosotros podemos estar en su lugar, ante autoridades indiferentes o incompetentes, ante agentes del Estado sin vocación ni formación, ante un gobierno autoritario, con sed de venganza y con ganas de callar las voces que en su contra se levantan.
Que lejos suenan 20 años, pero que actuales y cercanas suenan todas las declaraciones de la familia, que acusa con fundamento al Estado Mexicano del estigmatizar en perfiles de género a la víctima, un estado incapaz de llevar a cabo una investigación objetiva de los hechos, un estado capaz de declarar culpable a la propia víctima con tal de cerrar el expediente.
Hoy en día, sigue habiendo revictimización de las mujeres involucradas en procesos de investigación, se sigue negando el derecho a la verdad, por la falta de preparación de los agentes estatales, se sigue vulnerando el derecho a la seguridad y a la vida de muchas personas y el gran responsable sigue siendo el Estado.
Veinte años son una vida para muchos, jóvenes que teniendo esa edad, no recuerdan quien fuiste, pero no es el tiempo suficiente para que los responsables de tu muerte cambien y que tu legado obligue al Estado Mexicano a trabajar arduamente para que se garanticen los derechos humanos de todas las personas en México. Nunca es tarde para conocer la verdad, nunca es tarde para que se repare el daño causado a las vícitmas, lo ideal sería que fuera pronto, lo correcto es que se haga, lo justo es que tu muerte no haya sido en vano.
