A diez años de la Reforma en materia de Derechos Humanos.
Por: Jenny González Arenas.
Diez años han pasado ya desde que entró en vigor la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, muchos a favor y otros tantos en contra en aquel momento. Hoy todos hemos aprendido que el Titulo Primero, Capítulo Primero de la Constitución ya no habla solo de las garantías individuales, sino que ahora incluye a los Derechos Humanos y, con ello, se ha cambiado el paradigma del derecho y la justicia en nuestro país.
Pero la trascendencia de la reforma va mas allá de cambiar el nombre de un capítulo de la constitución, se modificó la forma en la que se interpretaban ciertas normas en nuestro sistema jurídico, se cambio el ámbito de protección y de interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, las autoridades, todas, en el ámbito de sus competencias han visto como se ha transformado su función. Todo suena tan bonito hasta este punto, aunque mucho sigue pendiente de esa reforma.
Desde aquel 10 de junio de 2011 a la fecha se ha hablado del impacto de la reforma en la vida diaria de los mexicanos y del actuar de las autoridades, pero como muchas veces se ha dicho en esta columna, la modificación de la ley no genera, en automático, un cambio de actitud. Ese es un proceso que se debe de realizar de manera paulatina, gradual, de forma estructurada y teniendo presente, en todo momento, que habrá muchos actores sociales que no les va a gustar lo que implica el respeto a los derechos humanos de lo población.
Los derechos humanos van mucho mas allá de las garantías de los procesados y de los sentenciados, de las libertades de las personas o de los derechos de ciertos grupos, hay muchos intereses económicos y políticos en juego a partir de que se determine dar mayor o menor protección de ciertos derechos, por lo que no ha sido tarea sencilla avanzar en la protección de ciertos derechos, incluso hay algunos de ellos que se encuentran lejos del imaginario público por la poca o nula difusión y protección que de ellos se ha llevado a cabo.
La Suprema Corte, en su momento, cuando su autonomía estaba menos cuestionada que ahora, llevó a cabo muchos seminarios, talleres, cursos y conferencias encaminadas a difundir y promover la cultura de los derechos humanos, pero dicha difusión estuvo sesgada por la profesión del público objetivo, puesto que todos esos esfuerzos se centraron en los abogados.
La Comisiones de Derechos Humanos, hicieron lo suyo, que tampoco fue mucho, por promover algunos derechos entre los niños en algunos centros educativos de diversos niveles o a ciertos sectores sociales, con un resultado que no se ha podido medir ni percibir a gran escala.
Algunas organizaciones de la sociedad civil comenzaron a cobrar relevancia en la capacitación sobre ciertos temas de derechos humanos y centraron sus esfuerzos en la protección de alguno de ellos en particular y han sido más visibles que muchas comisiones de derechos humanos, luchando constantemente por la protección de ese derecho en el que se ha especializado.
También las Universidades han realizado su propio esfuerzo con competencias internas o nacionales, algunas con talleres que forman futuros abogados especializados en el tema pero que tampoco han logrado permear a todos los niveles sociales.
Uno de los retos más importantes es, ahora, el lograr una verdadera difusión de los derechos humanos, independientemente de que se afecten intereses económicos y políticos de ciertos grupos o de ciertas empresas. El conocimiento de los derechos humanos, a todos los niveles sociales, en todas las edades, permitirá que la sociedad se convierta en un verdadero vigilante de las autoridades para que no se violenten estos derechos, pero ese es solo uno de los retos, muchos otros, de igual o mayor trascendencia, siguen pendientes 10 años después de implementada la reforma.
