Vacunación Infantil vía Amparo.
Por: Juan Carlos Girón Enriquez
Desde poco antes de la reforma constitucional de 2011, en la que los derechos humanos se agregan a la constitución y se establece un nuevo paradigma para la promoción, respeto, protección garantía de estos derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había comenzado a resolver algunos amparos que otorgaban la protección y el amparo de la justicia federal en temas que se consideraban programáticos y que estaban sujetos a la disponibilidad presupuestaria. Estas bases que se fueron sentando desde el poder judicial han sido antecedentes importantes para que los mexicanos podamos, aunque sea a través de la promoción de un juicio, ejercer algunos derechos como el de la salud.
Esta pandemia, ha tomado por sorpresa a todo el mundo y se han implementado muchas formas muy variadas de atender el problema. Muchos países, incluido México implementaron el distanciamiento social, otros cerraron fronteras, diversas medidas políticas, económicas, clínicas, y de otras índoles han sido tomadas en consideración para evitar la propagación del virus. Algunas con éxito, otras no tanto.
Pero la aparición de la vacuna ha sido una estrategia bien recibida por la gran mayoría de las personas, aunque habiendo movimientos anti vacunas en muchas partes del mundo se ha logrado que una cantidad considerable de personas en el mundo sea inmunizada contra el virus. Aunque la vacuna no es garantía para evitar contagiarse, si se ha demostrado que evita que la enfermedad provoque estragos severos en la salud de quienes se contagian después de haberse vacunado.
La estrategia de vacunación ha sido diferente en todos lo países, algunos optaron por inmunizar primero al personal de salud de primera línea de combate a la enfermedad y posteriormente a los que se desempeñan en trabajos considerados como prioritarios, porque eran esas personas las que presentaban mayor riesgo de contagio; otros países, como México, comenzaron inmunizando a los adultos mayores y de ahí fueron bajando el grupo de edad hasta llegar al grupo de 18 a 29, y los dos únicos grupos que se inmunizaron sin tomar en cuenta el grupo de edad fueron el sector salud y el sector educativo, el primero porque eran quienes estaban en mayor contacto con el virus y corrían mayor riesgo de infección y el segundo porque parecía ser más una estrategia política antes del proceso electoral.
Ahora se presenta una situación compleja, relacionada con el regreso a clases presenciales, muchos podrán afirmar que es viable porque el personal del sector educativo esta inmunizado, con una de las vacunas que tiene menor grado de efectividad y que en un primer momento se dijo que sería de una sola dosis y ahora se habla de un refuerzo a los 6 meses de aplicada la primera dosis, y por otro lado, los niños que han regresado a las aulas no se encuentran inmunizados ni si quiera existe una fecha probable para que ello suceda.
Ante este escenario, a muchos padres de familia que temen por la salud de sus hijos no les ha quedado más remedio que promover amparos para obtener vía judicial, lo que el ejecutivo no ha querido proporcionarles, que es una vacuna para los menores de edad que están en constante riesgo de contagio por el regreso a clases presenciales.
En un país en el que la división de poderes es fundamental para la democracia, en el que cada uno de los poderes tiene perfectamente delimitadas sus funciones, es lamentable que la ciudadanía tenga que activar mecanismos judiciales para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar la salud de toda la población, sobre todo cuando se tienen los medios para hacerlo, puesto que el Presidente no se cansa de decir en todas las oportunidades que tiene que se cuenta con suficientes dosis de vacunas para inmunizar a la población.
La pregunta aquí sería, ¿porqué si las tienen no las aplican? O ¿porque no se usan las vacunas de la gente que no se ha querido vacunar y se abre a toda la población que si quiera vacunarse?
Hemos sido testigos de personas que por meses, incluso por días, para obtener la mayoría de edad no se les vacuna, y es lamentable, porque el Estado tampoco ha implementado un mecanismo para que las personas, conforme vayan cumpliendo la mayoría de edad puedan acudir a algún centro de vacunación para vacunarse.
O se esperan a que llegue a su municipio o su comunidad y que para esas fechas cuenten con la edad requerida o promueven un amparo para que los menores de edad puedan obtener una vacuna. Lamentable que eso este sucediendo en un país en el que es más importante repartir dinero a la población aunque eso a la larga genere deuda, que vacunar a la mayor cantidad posible de la población para que los gastos en salud se reduzcan, al menos porque la vacunación previene la hospitalización de los pacientes que contraigan la enfermedad.
Pero que podemos esperar de una estrategia de vacunación en la población que corría mayor riesgo de contagio ha sido la última en el proceso de vacunación.
