Diálogo de Alto Nivel de Seguridad
Saul Monreal A.
Desde los inicios de lo que conocemos como como Estado, ha sido indispensable un ejército
regular que tenga a su cargo la defensa del territorio y la soberanía, especialmente frente a
potencias extranjeras con pretensiones colonizadoras, que es precisamente el razonamiento
detrás de la Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que, “Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”, lo cual además fue reafirmado por una sentencia de la Corte Suprema en 2010. No obstante, el mercado de armas en Estados Unidos implica un aumento en la violencia en el territorio mexicano.
En la realidad del nuevo milenio, el debate sobre la ponderación de derechos entre la libertad de poseer armas y a la seguridad como un dilema transfronterizo debe retomarse, en el marco del respeto mutuo por las soberanías nacionales y la cooperación para el desarrollo, para lo cual
existen condiciones inmejorables tomando en cuenta los procesos de transformación política que viven ambas naciones.
En este sentido, el hecho de que el primer compromiso de trabajo colaborativo surgido del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos celebrado el pasado viernes, haya sido “proteger a nuestra gente”, es un reflejo del entendimiento que existe por parte de ambos gobiernos de la crisis de seguridad que se ha recrudecido en nuestro territorio desde la fracasada estrategia de declarar la guerra al crimen organizado, ya que aceleró el desarrollo del poder de fuego de los carteles y la incidencia de enfrentamientos con víctimas mortales.
Lo alarmante de este fenómeno es que existe un mercado legal de armas en Estados Unidos que
se beneficia de la adquisición de armas por parte de organizaciones delictivas que luego trafican
esas armas para sus arsenales al sur de la frontera, por lo que el gobierno mexicano ya ha logrado que la corte federal de Massachusetts admitiera una demanda histórica por negligencia contra empresas armamentísticas, lo cual si bien es positivo al establecer un precedente, aspira no más que a una compensación económica, dejando el tema de la regulación en manos del Congreso y del poder Ejecutivo de aquel país.
No es difícil observar que en este fenómeno existen grandes intereses económicos, ya que nuestro vecino del norte es el principal vendedor de armas y en nuestro territorio existe una gran demanda, por lo que requiere se requiere de un diálogo amplio con todos los agentes involucrados para generar el consenso de que el valor de la vida humana y de la paz, es preferible al valor monetario del mercado de armas, permitiendo una regulación acorde con el marco constitucional de ambas naciones, que esté acompañada de acciones de largo plazo como la inversión para mitigar el impacto en la salud pública del consumo de sustancias ilícitas, que nos acerquen a ganar la paz que tanto se añora al sur del río bravo.
