Otra vez la tremenda corte.
Por: Juan Carlos Girón Enriquez
Desde la reforma del Poder Judicial de 2021 se veía venir una oleada de interpretaciones a modo del sistema jurídico mexicano, todo a conveniencia del Poder Ejecutivo en turno. Esta semana no fue la excepción.
Una mayoría de 7 votos fue insuficiente para declarar inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente de la república y una mayoría de 6 votos si fue suficiente para declarar la validez de las super delegaciones creadas a modo por el presidente de la república. Luego, las mayorías son entendidas a complacencia del presidente y acorde a sus intereses políticos y personales.
Es lamentable que mientras más avanza el sexenio – en cuanto al tiempo –, más retrocede el país – en cuanto a la división de poderes, a democracia y a las instituciones –.
El pacto federal en el cual se basa tanto la división de poderes como los niveles de gobierno en nuestro país establecen funciones específicas para cada poder que constituyen un mecanismo de pesos y contrapesos o lo que jurídicamente se puede entender como control de legalidad. De la misma forma, los niveles de gobierno municipal, estatal y federal tienen perfectamente delimitadas sus funciones con la intención de que la ciudadanía pueda tener claro funciones le corresponde a cada nivel de gobierno para poder acudir a cada una de ellas en caso de así requerirlo.
A pesar de lo anterior, lo que se está configurando en nuestro país es una especie de erosión o de desaparición de los límites entre los poderes, porque tanto el poder legislativo como el poder judicial parecen estar supeditados, los primeros por voluntad y los segundos a partir de la reforma de 2021, a los intereses del poder ejecutivo, atentando gravemente contra la democracia en nuestro país; de igual forma se está provocando una fractura del pacto federal, en el que la duplicidad de funciones puede generar, no sólo la confusión entre la población al no saber a cuál autoridad acudir, sino que también puede ocasionar el debilitamiento de alguno de los poderes, en este caso del poder estatal y municipal, sobre todo cuando se trata de gobiernos pertenecientes a partidos políticos contrarios al que se encuentra en el ejecutivo.
En ese orden de ideas, el generar un clima en el que las controversias constitucionales se litiguen en un poder judicial supeditado a los intereses del ejecutivo, sobre la base de una reforma judicial a modo y con ministros nombrados acorde a intereses partidarios, no puede ser la mejor alternativa para el fortalecimiento de la democracia; por el contrario, se vislumbra el debilitamiento de la ya por demás cuestionada justicia mexicana.
Por otro lado, el desaparecer los límites entre los niveles de gobierno y el que la federación se entrometa en asuntos que son de orden estatal o municipal, obviamente que desencadenará un desgaste innecesario en la estructura administrativa, puesto que se engrosan las filas de servidores públicos federales duplicando funciones que ya realizan las entidades federativas, pero con mayores recursos, puesto que son gestionados por la federación con fines meramente políticos y no de un verdadero desarrollo de las entidades federativas.
Por todo lo anterior, las decisiones de la Corte, ponen cada vez más, en tela de juicio su autonomía y se inclinan más por el debilitamiento de las instituciones democráticas y por el establecimiento de un régimen centralista autoritario que no permite que aquellos que opinen en contra de él tengan acceso ni a la justicia, ni a la certeza jurídica y mucho menos a la capacidad de acudir a las instituciones que, en otros tiempos, eran las encargadas de garantizar al menos una interpretación adecuada del sistema jurídico nacional en beneficio de toda la población y no de unos cuantos.
Docente Investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. E-mail: giron705@hotmail.com
