Derecho a la Educación Superior.
Por: Jenny González Arenas.
La UNESCO realizó la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022, en Barcelona, España, del 18 al 20 de mayo. En dicha conferencia se abordan temas relacionados con la educación superior en América Latina y el Caribe – México no está fuera de esa región, por lo tanto, tampoco está fuera de la realidad que ahí se señaló -.
Información presentada en esa conferencia son relevantes para México y Zacatecas en estos momentos, porque la educación superior está sufriendo los embates de la política educativa implementada por la 4T y no tenemos claro hacia donde se pretende llevar la educación superior en nuestro país.
La educación superior no es un privilegio, es un derecho y, como tal, tiene dimensiones, en este caso son cuatro: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad.
Cuando se habla de disponibilidad significa que debe existir oferta educativa en todas las partes del territorio; en lo que a accesibilidad se refiere implica que no debe haber discriminación, es decir toda la educación y todas las instituciones escolares para todas las personas; la aceptabilidad en cuanto a los contenidos educativos y la adaptabilidad de la educación en cuanto al contexto de los sujetos de derecho.
Estas dimensiones tienen que irse acompañando una de la otra, son interdependientes, en la medida que el Estado falle en alguna de ellas, automáticamente está violentando el derecho a la educación superior de la población.
La conferencia mundial de educación superior hizo énfasis especial en la proliferación de instituciones de educación superior privadas, sin regulación o con un marco jurídico endeble por parte del Estado que profundiza más las brechas económicas, pues convierte a la educación superior privada en la élite de la educación, mientras que, de manera directa, con la disminución del financiamiento a educaciones públicas se precariza la educación superior de aquellos que no tienen recursos para pagar la educación de élite, siendo el mismo Estado quien agudiza la ya por demás precaria situación laboral y educativa de las instituciones de educación pública al no incrementar el presupuesto en la medida en la que se modifica la matricula.
Un punto que parece importante rescatar es que la democratización de la educación superior no está directamente ligada con el incremento de la matrícula escolar, sino con “revertir tendencias de reproducción de relaciones asimétricas de poder, exacerbación de las desigualdades y de las discriminaciones en los sistemas educativos, generando sociedades más igualitarias.” según señala la CLADE (Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación).
Si el 53.2% de las y los estudiantes universitarios se encuentran matriculados en universidades privadas, eso no aporta mucho a la construcción de una sociedad más igualitaria. Y mucho menos cuando, a partir de ese proceso de privatización, la educación superior comienza a verse como una mercancía y no como un medio para acceder a un mejor nivel de vida. La educación superior se vuelve un negocio que estandariza conocimientos, dejando de lado el fomento del pensamiento crítico o la pluralidad de pensamiento.
La disponibilidad de la educación deberá estar enfocada no solo en más escuelas de educación superior, sino en un mejor financiamiento, acorde a las necesidades del territorio en el que se encuentre y permitiendo mejores condiciones estudiantiles y laborales. Con acceso a los recursos materiales y humanos que permitan el mejor aprovechamiento del conocimiento en aras de la construcción de mentes críticas, propositivas, libres y con capacidad de discernir y opinar en su propio contexto, sin conocimientos estandarizados que reproducen modelos de discriminación, explotación y profundizan la precarización de los sectores sociales.
La accesibilidad implica eliminar barreras que impidan el acceso a la educación superior sin excluir a grupos históricamente segregados, así como a la mejora de la infraestructura para garantizar el acceso de todas y todos los estudiantes y profesores a las instalaciones.
Garantizar el acceso a contenidos que privilegien el bien común, la justicia social, la vinculación con la problemática social, y que la educación pública permita mejorar la vida no solo del estudiante, sino de la sociedad en su conjunto. Que se fomente el pensamiento crítico y la integración sin discriminación. Centrar la educación superior en los derechos humanos y en la humanización de los profesionistas, no en su monetarización.
Muchos los retos de la educación superior, la pregunta es si quienes ahora dictan las políticas públicas en esta materia en México y en Zacatecas tienen esa misma visión o buscan construir una visión diferente que atente contra todo lo antes señalado y se convierta en un modelo de reproducción de modelos estandarizados de educación en el que todas y todos debemos, pensar lo mismo y creer en lo mismo.
