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Legitimación del Contrato.

Por: Jenny González Arenas.

El primero de mayo de 2019 se reforma la Ley Federal del Trabajo, dicha reforma fue producto tanto de la negociación y firma del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico (CPTPP por sus siglas en inglés) en marzo de 2018, mismo que entró en vigor el 30 de diciembre de 2018, dicho tratado contiene un capítulo Laboral; en noviembre de 2018 se firma el T-MEC, entrando en vigor el primero de julio de 2020, también contiene un capítulo laboral muy similar el CPTPP.
Los capítulos a que hacemos referencia están acorde al Convenio 98 de la OIT, al que se adhirió México en 1949 y que fue ratificado hasta el 23 de noviembre de 2018, dicho Convenio habla sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Estos antecedentes sirven de base para poder entender el porqué de la reforma laboral. La finalidad es acabar con todas los contratos de protección que existen en el país y que los trabajadores ni siquiera conocen. Es una reforma que pretende dotar a los trabajadores de la capacidad de decidir sobre su contrato y su vida sindical sin la intervención del patrón.
En dicha reforma se establece que los contratos nuevos se tienen que aprobar y depositar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los contratos ya existentes tendrán que legitimarse, lo que implica que las y los trabajadores conozcan el contenido de su contrato colectivo y que a través de un proceso de participación personal, libre, directo y secreto, avalen o rechacen dicho contrato.
En un mundo ideal, las universidades públicas del país, que son los lugares en los que se promueve el pensamiento crítico, la libertad de cátedra, la formación de jóvenes para enfrentar el futuro, pensaríamos que sería en donde menos conflicto representaría llevar a cabo un proceso de legitimación del Contrato Colectivo, porque en esencia, si se trata de un universo de personas críticas, pensaríamos que los representantes sindicales también lo son y que en esa misma naturaleza serían autónomos de la parte patronal, por lo que la legitimación del contrato en una universidad pública supondría que las autoridades se abstendrían de intervenir en el proceso porque los mismos representantes sindicales no se los permitirían y llevarían a cabo la legitimación sin mayor contratiempo porque todos los universitarios buscarían proteger los derechos sindicales que a muchas universidades les costó tanto tiempo conseguir.
No se trata de mantener privilegios, los contratos colectivos en las universidades salvaguardan derechos de los universitarios y tienen como finalidad garantizar que se respete ese mínimo de derechos que permitan a los docentes desarrollar sus actividades académicas de la mejor manera posible.
Hoy, el SPAUAZ, a más de tres años que se inició el plazo para la legitimación de los contratos colectivos, sigue sin poder legitimar el suyo, y los tiempos son cada vez más cortos y complejos, lo que pone en riesgo que el CCT UAZ-SPAUAZ sobreviva ante la negligencia de quienes hoy se encuentran al frente del sindicato y de la rectoría.
Porque en el caso de nuestro sindicato, no existe una verdadera autonomía entre las autoridades universitarias y las autoridades sindicales y, violentando a todas luces los derechos de los sindicalizados, el pasado mes de febrero se conjuró un movimiento huelguístico a espaldas de toda la base trabajadora, actuando en contubernio el rector y el secretario general.
Ese escenario de mentiras y opacidad en el que se manejan ambos personajes deja lugar a toda duda y cuestionamos, con justa razón, si hay ya un acuerdo entre ellos, para poner en riesgo la estabilidad laboral de todos los universitarios permitiendo que nuestro contrato colectivo se pierda, por su falta de voluntad política para llevar a cabo un trámite que es indispensable y por su falta de capacidad para respetar lo que les mandata la ley, lo que pone en riesgo, no solo a los universitarios y su estabilidad laboral y la de sus familias, también atenta contra la economía de la entidad y, sobre todo, contra el derecho de los jóvenes a la educación superior.

Docente investigadora UAZ