Seguridad pública.
Por: Juan Carlos Girón Enriquez.
La seguridad pública es un derecho humano, fundamental para el desarrollo de los demás derechos humanos, como la libertad de expresión, la libre manifestación, el desarrollo integral de la juventud, de la infancia, de los adultos, de los pueblos indígenas, de la comunidad LGTBIQ+, de la comunidad afrodescendiente, de las personas con discapacidad, de las mujeres, en general, de toda la población.
Si bien es cierto, como derecho humano se requiere un marco legal claro, también es cierto que la seguridad pública se atiende a partir de una política pública integral a lo que han dado en llamar estrategia.
Hoy en día, México, tiene una estrategia de seguridad pública basada en la presencia de militare en las calles; no se ha fortalecido a las instituciones civiles de seguridad pública, no se han mejorado las condiciones de vida de los policías, en los diversos niveles - municipal, estatal y federal -, no se mejoran los salarios ni las condiciones de su equipo, capacitación o seguridad social, ni para ellos ni para su familia, no tiene derecho a un crédito para vivienda porque tienen un trabajo de alto riesgo, el Estado ha dejado a las corporaciones policíacas y sus familias en un total estado de indefensión.
El ejercito es una institución con una formación específica, que tiene un objeto muy particular, que es la defensa de la seguridad nacional, no la seguridad interior, además, los militares tienen un fuero especial en cuanto a su actuar, siempre y cuando no se involucren civiles, porque de ser así, se tendrá que resolver por tribunales del orden común. El ejercito no es el malo en esta estrategia, la estrategia es la equivocada.
Tenemos que definir primero que la formación militar no es para estar en las calles, pero en lugar de consolidar las instituciones que si han sido formadas para estar en la calle, se toma la decisión de que quien no ha sido formado para ello siga llevando a cabo labores de policía.
Por otro lado, una de las grandes interrogantes radica en ¿si es jurídicamente correcto que una estrategia de seguridad pública debe sobrepasar los límites temporales de un período presidencial?
Esta pregunta es fundamental, porque se trata de definir en un primer momento si lo que se propone es una reforma constitucional con la finalidad de garantizar el ejercicio del derecho a la seguridad pública o bien se trata de una política pública que este gobierno pretende elevar a rango constitucional. Por que no es lo mismo y el tratamiento que se le está dando en la discusión a nivel nacional no está en su justa dimensión.
Garantizar el ejercicio del derecho humano a la seguridad pública a partir de una reforma constitucional significa establecer límites claros para que la población pueda vivir en un ambiente de seguridad, con límites claros al ejercicio del poder que impliquen no solo quien será el responsable de garantizar esa seguridad sino que las autoridades deben tener límites en su actuar. Lo que se ha discutido en las cámaras dista mucho de ser el diseño para el ejercicio de un derecho humano y se aproxima peligrosamente a una política pública elevada a rango constitucional.
En ese sentido, es importante entender el debate y ponerlo en su justa dimensión, puesto que lo que se decida impactará de manera directa en la manera en la que todos los mexicanos y los extranjeros que se encuentren en nuestro país podamos ejercer nuestros derechos humanos, tomarlo como la delimitación del ejercicio de un derecho implica sacrificar nuestros derechos y supeditarlos a un orden militar en materia de seguridad; tomarlo como una política pública elevada a rango constitucional es todavía más peligroso, porque implica que un presidente pueda imponer su propia visión de país a un gobierno futuro.
Hasta el momento en que se realizó la presente entrega, los senadores representantes de Zacatecas en la Cámara, han traicionado la confianza que se ha depositado en ellos con la intención de votar en contra de los derechos humanos de los zacatecanos y de todos los mexicanos.
